REDACCIÓN | SANTIAGO Ni un paso atrás. Las medidas de presión anunciadas por los sindicatos para frenar el plan de recortes de la Xunta a los funcionarios no ha amedrentado al Ejecutivo. Pese a hacer una nueva llamada al diálogo y a la negociación, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, se mostró ayer inflexible y avisó de que no renunciará a ninguna de las medidas anunciadas para racionalizar la función pública y evitar así, insistió, "un recorte de los salarios" de los funcionarios. Pero los argumentos de la conselleira no convencen a los sindicatos, que ayer volvieron a amenazar con ir a la huelga si la Xunta no da marcha atrás, retira su propuesta y reinicia el proceso desde el principio convocando a las mesas de negociación.

Las medidas de ajuste entre el funcionariado han abierto un duro frente entre Xunta y sindicatos y ambas partes se mantienen enrocadas en sus posturas iniciales, lo que hace difícil prever un posible acuerdo. Facenda anunció el pasado viernes su intención de establecer por ley, entre otras medidas, una reducción de la jornada y el salario de interinos y personal laboral temporal, el establecimiento de la jubilación forzosa a los 65 años y una rebaja en la paga de los funcionarios de baja laboral.

El plan de ajuste, con todo, se hizo público sin negociación previa, y los sindicatos se basan en ello para exigir la retirada de un anteproyecto que, dicen, vulnera el sistema de negociación colectiva.

"Ya dijimos que la voluntad del Gobierno gallego era la negociación pero en todo caso es una decisión del Gobierno y es una decisión meditada. Estas medidas se seguirán manteniendo", replicó ayer tajante Muñoz, quien pese a reconocer su "sorpresa" ante la actitud de los sindicatos, reiteró que la Xunta mantendrá "la mano tendida para negociar hasta el final".

En la misma línea, el portavoz del grupo popular Antonio Rodríguez Miranda, pidió a los 90.000 funcionarios gallegos que "renuncien" a tres días libres para que la comunidad pueda disponer de "más liquidez" para "atender mejor" a los ciudadanos en peor situación.

Por su parte, el representante de la CIG-Autonómica, Fernando García, aseguró que "nunca se negaron a negociar medidas de racionalización del gasto", pero censuró que la Xunta quiera "recortarlo todo en personal" sin racionalizar las asistencias técnicas, los asesores políticos y el personal de gabinete. En esta línea, CSIF ha preparado una serie de propuestas "reales" para ahorrar "80 millones y más" con la eliminación de gasto "superfluo", citando las subvenciones a partidos políticos, confederaciones y asociaciones de empresarios y a los propios sindicatos. Mañana plasmarán su demanda en un documento que entregarán en el registro de San Caetano tras la primera de las concentraciones contra el plan de recortes de la Xunta.