X. A. TABOADA | SANTIAGO La patronal gallega ha enviado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un documento con las recetas que plantea el tejido productivo para reactivar la economía. Los empresarios solicitan que el ajuste presupuestario se realice por la vía del recorte del gasto corriente, sin tocar, a poder ser, las inversiones. Por eso, proponen reconsiderar el papel de las diputaciones, de forma que sus competencias pasen a la Xunta; reflexionar sobre la supresión de determinados servicios públicos prescindibles o privatizar aquellos de coste más desproporcionado; rebajar los impuestos a las empresas, o introducir el copago en la sanidad y en los servicios más congestionados.

En total son 140 medidas recogidas en un documento de 21 folios que el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, entregó a Feijóo en la segunda quincena del pasado mes, en una audiencia privada de la que nada trascendió hasta que ayer la patronal difundió su contenido e imágenes del encuentro. La CEG, que asume la "representación de las 150.000 empresas asociadas", admite que algunas de sus medidas exceden las competencias autonómicas, pero que su deber es presentarlas para recabar el apoyo de la Xunta y luego elevarlas ante las administraciones correspondientes. Argumenta que su documento es necesario en un momento "complicado" como el actual, tras la "enorme inestabilidad" de 2011 y las negativas previsiones para este año.

En sanidad, la patronal aboga por "introducir el copago selectivo" para hacer partícipes a los usuarios de la viabilidad del modelo, pero "sin penalizar las rentas más bajas". Se trataría, por tanto, de apostar por un sistema de corte progresivo, con una aportación económica de los usuarios en función de la renta. Y en cuanto al funcionamiento de los hospitales, la CEG quiere que se implanten "métodos y herramientas empresariales" en su gestión.

La entrada del sector privado en servicios que prestan las administraciones es una constante en todo el documento elaborado por la patronal. En esta línea, propone abrir una "reflexión" sobre la conveniencia de suprimir determinados servicios públicos "prescindibles" o, cuando menos, privatizar aquellos que supongan un "coste desproporcionado" para las arcas públicas. Sin embargo, la CEG no quiso detallar qué servicios podrían dejar de ser prestados por las administraciones. La fórmula planteada para hacerlo efectivo serían las concesiones, que la patronal cree que deben incrementarse. El copago, según los empresarios, se debería introducir además en los servicios públicos "congestionados" como mecanismo moderador de la demanda.

La patronal reclama también que el modelo de colaboración público-privada se desbloquee y se incorporen nuevas iniciativas. Con esta fórmula, las adjudicatarias adelantan el dinero de las inversiones y luego, una vez concluidas las infraestructuras, reciben un canon anual durante 20 o 25 años, periodo en el cual se encargan del mantenimiento de la obra. Pero la Xunta ha decidido que al menos durante 2012 no se podrá ejecutar ninguna infraestructura nueva por este modelo. La patronal va más allá y propone incluso que en los sectores o proyectos considerados "estratégicos", la participación de las empresas en la colaboración público-privada cuente con incentivos fiscales.

La Confederación de Empresarios también plantea abrir un debate sobre la organización administrativa. Y ponen el acento en las diputaciones. No llegan a pedir su desaparición, pero lo que proponen bien podría serlo. Pretenden que se reconsidere su papel "valorando la posibilidad de integrar sus servicios dentro de los departamentos de la Xunta, incluidos los servicios de recaudación e inspección tributaria". La reordenación del mapa municipal también figura entre sus demandas. No lo dice abiertamente, pero aboga por reducir el número de concellos ya que plantea el estudio de "alternativas a la pervivencia de los ayuntamientos con una población inferior a los 4.000 habitantes".

Además de medidas de carácter general para recortar el gasto corriente y mantener las inversiones, la Confederación de Empresarios de Galicia trasladó al presidente de la Xunta otras propuestas que afectan directamente al tejido empresarial. Así, la patronal reclama que se rebaje a todos los niveles (estatal, autonómico y municipal) la carga fiscal que soportan las empresas. Sostienen que debería reducirse el impuesto de sociedades, anularse el de actividades económicas, rebajar los módulos del IRPF, reformar el pago del IV, de forma que se pueda abonar en el momento en que se cobren las facturas, o reconsiderar la recuperación del impuesto de patrimonio.

"Una vez finalizado el plazo de aplicación del ajuste fiscal transitorio adoptado por el Gobierno central con el objetivo de reducir el elevado déficit público, es aconsejable adaptar de nuevo la fiscalidad, relajando la actual presión fiscal", argumenta la patronal gallega.

Otras medidas que proponen a la Xunta son respetar los plazos de pago a los contratistas de obra pública, acentuar la lucha contra el fraude fiscal, dinamizar la figura del aval -para que la administración responda por los créditos concedidos a las empresas-, simplificar la legislación laboral, regular el derecho a huelga en los servicios esenciales, dar más apoyo económico a los emprendedores o impulsar que los concellos aprueben sus planes urbanísticos.