D. DOMÍNGUEZ | SANTIAGO Los trabajadores públicos se enfrentan a un cambio en sus condiciones laborales o a una bajada de sueldo. Estas fueron las alternativas que ayer ofreció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante las protestas sindicales por sus ideas para ahorrar 80 millones a costa de los 90.000 empleados públicos. Pero estos recortes podrían no afectar únicamente a este colectivo, pues Feijóo deslizó que podrían servir para las plantillas de concellos y diputaciones, a las que presentará su plan el lunes. A comienzos de semana Feijóo se entrevistará con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el también popular José Manuel Rey, para informarle sobre el ahorro generado con sus planes y ofrecerle que las implementen sobre los más de 30.000 trabajadores locales para paliar sus problemas. "Hay ayuntamientos que hacen ERE (expedientes de regulación de empleo) y manifiestan dificultad para pagar sus nóminas", declaró antes de dejar en sus manos la responsabilidad. "Pero son los alcaldes los que, en el ámbito de sus competencias, deciden si esta instrucción puede ser útil", zanjó. En la actualidad, tres de las cuatro diputaciones y la mayoría de concellos están gobernados, igual que la Xunta, por el PP.

Tras la reunión semanal del Consello de la Xunta y con 3.000 manifestantes a las puertas de San Caetano, Feijóo recordó a los trabajadores que la "alternativa" es un recorte salarial a un colectivo que ya ha asumido varias reducciones como consecuencia de la rebaja del 5% decretada por el Gobierno central. "Pretendemos finalizar la legislatura sin reducir las retribuciones de los empleados públicos", alegó. Pero para lograrlo, solo cabe aplicar sus recetas, que supondrían rebajar 9 a 6 sus días libres, la reducción de jornada voluntaria para los fijos y de un tercio y obligatoria para los interinos, y la supresión de la paga durante los 21 primeros días de baja, entre otras medidas.

Feijóo, además, recordó que Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña han recortado sueldos a sus empleados. En esta última, se anuló una paga extra, medida que en Galicia supondría un ahorro de 180 millones, el doble que con las medidas planteadas. Pese a ello, Feijóo pidió a los sindicatos negociar en la reunión convocada para hoy para analizar unas recetas, recordó, "que ya aplican comunidades con renta superiores a Galicia, como País Vasco, La Rioja o Madrid". "La alternativa a un texto es su modificación, negociar y no levantarse", declaró. Su intención es aprobar las medidas la próxima semana.

Clamor contra los ajustes

Horas después de que la Xunta los convocara de urgencia y por primera vez para negociar el anteproyecto de Ley de Medidas en el Empleo Público, los cuatro sindicatos con representación entre el funcionariado encabezaron ayer una concentración multitudinaria en la capital gallega contra una normativa que, sostienen, vulnera sus derechos laborales y prolongará aún más la recesión. Miles de trabajadores públicos (más de 3.000 según los convocantes), muchos de ellos venidos en autobús desde otros puntos de Galicia, clamaron contra el plan de recortes de la Xunta a las puertas de San Caetano mientras, al otro lado de la verja, el presidente defendía precisamente estas medidas como un mal menor para el colectivo.

Pero los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo ni convencen ni suavizan la postura de CCOO, UGT, CIG y CSIF, que en un gesto poco habitual se mantienen unidos en su rechazo al proyecto. Sus principales objeciones, recogidas en un documento que entregaron ayer en el registro de la Xunta, inciden en “la pérdida de derechos negociados y adquiridos” así como en la “destrucción de empleo público”. Además, los sindicatos creen que el proyecto adolece de un defecto de forma, ya que deroga, suspende y modifica artículos del convenio colectivo del sector público, algo que, según explica el portavoz de CIG Administración Pública, Fernando García, “vulnera la legislación laboral”.

“Creemos que esto no se puede hacer a través de una ley que es inconstitucional y aunque en dos años la Justicia la tumbaría, mientras tanto el daño está hecho”, aduce García, que atribuye el “respaldo masivo” a la concentración de ayer al carácter “lesivo y agresivo” de la norma.

Con la amenaza de nuevos recortes salariales por parte del Gobierno (una medida que podría confirmarse en marzo cuando se aprueben los presupuestos generales de 2012), los sindicatos gallegos no están dispuestos a sentarse a discutir medidas de ahorro en el sector público sobre la base de un documento que, censuran, conocieron al mismo tiempo que la prensa y sin ningún tipo de negociación previa.
A pesar de ello, las cuatro centrales confirman su asistencia hoy, a las 13.30 horas, a la mesa general de negociación convocada el miércoles “a última hora”, otro gesto que García interpreta como un presagio de que “no quieren negociar, quieren imponer”. Los sindicatos, aunque acuden con pocas esperanzas, piden a la Xunta “reflexión” y “un poco de cordura” durante la reunión, a la que irán sin un documento alternativo ni propuestas concretas, a la espera de que Facenda retire su proyecto. “La postura oficial de los sindicatos es que se retire la ley. Si lo hacen, nos sentaremos a negociar y estamos dispuestos a hacer propuestas en positivo para racionalizar el gasto público”, razona.

Los que sí trabajan ya en una “contrapropuesta” son los propios trabajadores de los servicios centrales de la Xunta, que ayer se reunieron en dos asambleas multitudinarias en las que propusieron medidas como reducir de 75 a 60 el número de diputados, suprimir los gastos de representación para los miembros de la Xunta o limitar a un máximo de 5 el personal de cada gabinete.