ÁNXEL VENCE Hubo un tiempo en que se sangraba a los enfermos para curarlos: y tal vez sea ese principio algo contradictorio el mismo que ahora inspira la nueva legislación laboral del Gobierno. La idea consiste en abaratar el despido para que aumente el empleo y, en realidad, poco tiene de novedosa. Ya la había llevado a la práctica, algo más tímidamente, el anterior Consejo de Ministros presidido por Zapatero cuando hace cosa de año y medio aprobó por indicación de Alemania una reforma que ponía el despido a mejor precio para los empresarios. Rajoy ha profundizado la cuantía de los saldos, pero solo esa no pequeña cuestión de matiz diferencia a socialdemócratas y conservadores.

Despedir para que haya más trabajo es algo así como luchar por la paz o fornicar a favor del control de natalidad; aunque ya se sabe que la economía es una ciencia enigmática que a menudo abunda en paradojas como esta. Todo tiene su explicación.

Alegan los empresarios que en España es mucho más fácil y hacedero divorciarse de la esposa que deshacerse de un trabajador, lo que no constituye precisamente un requiebro para las señoras ni, desde luego, para los empleados. En América ocurre justamente al revés, por lo visto. El despido se hace casi por medio del cajero automático en aquellas que fueron expeditivas tierras del Oeste, mientras que los divorcios cuestan una millonada a quienes no tomen precauciones antes de casarse.

No hay noticia de que el Gobierno vaya a endurecer las condiciones de ruptura matrimonial, pero a cambio ya ha aflojado un poco más los lazos que hasta ahora unían a la empresa y a los trabajadores. Aunque estemos lejos todavía de la barra libre estadounidense, algo nos vamos acercando a ese modelo.

Los partidarios de la fórmula aducen las bajas tasas de desempleo que, incluso en tiempos de crisis, se dan en Norteamérica y otros lugares donde la gente puede ser catapultada fuera de la empresa sin grandes costes económicos ni burocráticos. Ofrecerían un ejemplo práctico a favor de este argumento aquellas naciones en las que los métodos de contratación -y, sobre todo, de despido- son tan elásticos como el chicle. Pese o gracias a ello, según se mire, el porcentaje de parados es sensiblemente inferior en todos esos países al que arroja la hasta ahora poco flexible lonja de trabajo de España. Aunque irrefutable en apariencia, esa tesis no deja de suscitar alguna que otra paradoja. Si tan costoso era que los empresarios se divorciasen de sus empleados, resulta difícil entender la razón por la que España padece ahora mismo el más alto índice de divorcio laboral -y por tanto, de desempleo- entre todos los países de la OCDE. Los cinco millones y pico de extrabajadores separados de su empleo parecen demostrar que el despido no fue durante los últimos años un obstáculo infranqueable que impidiese a los patronos ajustar sus plantillas a las exigencias de la crisis.

Tampoco las rebajas parecen haber surtido gran efecto hasta ahora. El primer saldo de costes del despido lo aprobó allá por el mes de julio de 2010 el anterior presidente del Gobierno, tal vez harto de que sus adversarios lo motejasen con el agravioso apodo de "Zetaparo". El sacrificio no tuvo recompensa, por desgracia. Año y medio después, el paro ha crecido en varios cientos de miles de extrabajadores, dato del que bien podría deducirse que el despido bonito y algo más baratito no era el bálsamo de Fierabrás capaz de suturar por sí solo la hemorragia laboral que sufre este país.

Quizá ayudasen algo también la innovación tecnológica, la educación, la formación profesional y otros recursos similares de los que se valen para crear empresas -y con ellas, trabajo- la mayoría de esos países que aquí se toman como modelo. De momento, solo les hemos copiado la paradójica máxima que aconseja despedir para que haya más empleos. Habrá que ver si el paciente mejora con la sangría.

anxel@arrakis.es