JULIO PÉREZ | SANTIAGO
Desde su saludo a los ciudadanos en la web institucional, la recién elegida nueva conselleira de Facenda, Elena Muñoz, admite que lo que le viene por delante es una "difícil labor" en la que confía estar "a la altura de las circunstancias" de la mano de "la transparencia y la honestidad". La delicadísima situación económica deja poco margen para que la responsable autonómica de las cuentas pueda lucirse. "Es un momento muy complicado, pero qué duda cabe que también es un reto poder vivirlo y aportar soluciones", defiende. El encuentro con LA OPINIÓN se produjo el pasado jueves, con la primera gran protesta del funcionariado en Santiago como telón de fondo ante los recortes que quiere aplicar la Xunta en las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. Los mismos a los que, en esa carta de presentación, les pide "ilusión" y una "necesaria colaboración".
-Lo que ocurre es que esas soluciones parece que en este momento pasan siempre por la tijera, y eso nunca está bien visto.
-Es verdad, pero eso está provocado por el problema muy importante que tenemos de bajada de ingresos. Si no hay para financiar todo el gasto, la salida es ajustarlo. Tanto las comunidades como el Estado llevamos años con un importantísimo descenso, lo que condiciona toda su política.
-En las buenas empresas siempre se habla de acompañarlo con una mejora de ingresos. ¿De verdad que no existe esa posibilidad en una administración, sin repercutirlo todo en el contribuyente?
-La estructura de los ingresos de una comunidad depende en buena parte de lo que recibe del Estado por los tributos cedidos, IRPF e IVA. Si por causa de la actividad económica caen, la gran fuente de ingresos de la comunidad también lo hace. Es cierto que tenemos competencia sobre determinadas partidas, y manejándolas de determinada manera podemos incentivar la recaudación. Con bajadas, como en su momento se hizo con resultados, en los impuestos de la vivienda, o la lucha contra el fraude fiscal, que permitió en 2011 triplicar el resultado de 2008.
-Las competencias están también en los tramos autonómicos de esos dos grandes impuestos. Algunas comunidades autónomas ya han decidido subirlos. ¿La Xunta se plantea un alza del IRPF?
-Pues nosotros de momento no nos lo hemos planteado.
-¿Cómo le sientan estas primeras protestas de los funcionarios?
-Me preocupa muchísimo como conselleira y también como funcionaria de la Xunta. No se está entendiendo el mensaje, el destino de las medidas que estamos poniendo encima de la mesa. Desde el primer momento nuestro objetivo es no tocar las retribuciones a los empleados y esto es una alternativa. Hemos ofrecido diálogo a los sindicatos para matizar alguna. La sorpresa es que ellos no están dispuestos a negociar, por lo menos hasta ahora. Deberían sentarse con nosotros porque tenemos una voluntad real de hacerlo.
-¿Está preparada para una huelga de funcionarios?
-Espero que no lleguemos a esos límites.
-Usted misma dice que no tienen voluntad de negociar.
-Sí, pero sinceramente espero que recapaciten y en el plazo de una semana que nos hemos marcado se den cuenta que la mejor defensa del empleado público es sentarse a negociar con un Gobierno dispuesto a hacerlo. Se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No son un atentado grave contra los empleados públicos. Están orientadas a mejorar la eficiencia.
-¿Cuál es el margen de diálogo? Los mensajes que lanzó la propia consellería dicen que los 'sacrificios' son irrenunciables y que la Xunta puede cambiar unilateralmente el estatuto del trabajador público por la situación especial de la economía.
-En ningún momento hemos dicho "hasta aquí vamos a llegar". Es que no hemos llegado ni siquiera a ese punto, ni empezar a ver cuáles son las medidas que más les preocupan y matizarlas. Como la reducción de jornada a los interinos. La ley abre la posibilidad, se autoriza al Consello para hacerlo en determinadas circunstancias, pero no se va a reducir a todos.
-¿En qué circunstancias?
-Atendiendo a situaciones determinadas, al análisis de cargas de trabajo. En ningún caso con carácter general.
-¿Eso no es precarizar? La reducción de jornada supone una reducción de sueldo.
-No es precarizar, es adaptar una jornada, igual que voluntariamente se ofrece a los funcionarios y laborales fijos. Muchas veces lo han reivindicado. No era posible al margen de maternidad e hijos menores. Ahora se les da y parece que también contra eso se rebelan.
-¿Lo llegaron a pedir?
-Pidieron medidas de flexibilización de jornada y ésta puede serlo. Sí que se había pedido.
-¿Pero hay una demanda real?
-Sé que algunas de esas peticiones llegaron a Función Pública. No sé si con carácter general o puntuales. Hay funcionarios, trabajadores públicos que preguntaron por esa posibilidad.
-La paralización del complemento de baja hasta el día 21, ¿es un freno para el absentismo?
-Lo será también. Eso no quiere decir que no cobren absolutamente nada los 20 primeros días. La Seguridad Social paga a partir del cuarto. En cualquier caso...
-¿No es la función principal de esa medida?
-Es uno de sus objetivos, evidentemente. La rebaja de los niveles de absentismo es importante para una administración, de ahí los planes de lucha que hemos hecho, y ésta es una medida que debe contribuir necesariamente.
-Como responsable del funcionariado, ¿tiene esa sensación, popular digamos, de que es un colectivo que vive demasiado bien?
-No comparto esa idea, para nada. Soy funcionaria de la Xunta. Tengo el más absoluto respeto por el trabajo que realizan todos los trabajadores públicos. Es una labor fundamental. Son personas que trabajan para toda la sociedad. Y eso no lo podemos olvidar.
-¿Y la sociedad cree que entendería una huelga de funcionariado?
-Estamos viviendo una situación difícil. Quizás sería difícil de entender para la sociedad. En todo caso, respetarán los derechos de los trabajadores, y los funcionarios son trabajadores.
-El ahorro con el plan alcanza los 80 millones. Al margen del freno del plus a altos cargos, fácil de cuantificar, ¿cómo se reparten el resto de medidas?
-Hay partidas que son más fáciles de calcular que otras y tampoco queremos dar una cifra cerrada porque siguen abiertas a la negociación con los sindicatos. Es un cálculo del impacto que estimamos.
-¿Cómo llegan a una estimación si hay muchas de esas medidas que no se saben qué efecto tendrán? ¿Saben cuántos se acogerían a una reducción de jornada?
-No, efectivamente. No disponemos de ese dato. Estamos en el campo de la estimación. El caso del plus es fácil, o de las ayudas del fondo de acción social, que estaban presupuestadas en 10 millones. No quiero avanzar cifras porque luego hay variaciones y me gusta ser prudente.
-Entonces los 80 millones son solo una cifra estimativa.
-Sí.
-Ellos le recuerdan todos los días que arrastran una caída del poder adquisitivo del 13%. ¿Se están cargando muchas medidas sobre el trabajador público?
-Ellos, todos hemos sufrido nada más y nada menos que una bajada del 5% en las retribuciones, una decisión que no fue apoyada por este Gobierno porque entendíamos que no era adecuada. Ése es principal impacto que han tenido en las nóminas, además del derivado de la evolución del coste de vida.
-¿No se acabaría igual tocando el sueldo, a la vista de que ahora incluso se incide en más medidas sobre ellos? ¿Usted no habría tomado esa decisión?
-En el momento en el que se tomó podría optarse por otras con el mismo efecto, pero sin un impacto directo en la nómina del funcionario. Entiendo que se llegó a esa decisión por parte del Gobierno central por la necesidad de bajar su gasto de forma repentina. Nunca negamos que el Gobierno y la Consellería de Facenda les están pidiendo un esfuerzo adicional a los que ya han hecho estos años.
-Facenda tiene tendida la mano 'hasta el final'.
-Hasta el final.
-¿Cuál es el final?
-El Gobierno se puso quince días de plazo para negociar y por tanto la semana que viene habrá que cerrar ya las medidas para presentarlas, aprobarlas en el Consello y enviar el proyecto de ley al Parlamento.
-¿Irá por vía de urgencia?
-Sí.
-¿Marzo, abril? ¿Cuándo estará en vigor?
-Nuestra previsión es que esté en vigor en el mes de marzo. Es importante, porque las medidas son urgentes, hacen falta. Se van a poner todos los mecanismos para que funcionen lo antes posible.
-A la espera de que el Estado confeccione sus presupuestos y saber así la financiación a las autonomías, ¿en dónde puede seguir recortando la Xunta?
-La verdad es que llevamos ya tres años sufriendo mucho y si es necesario tomar más medidas habrá que analizarlas, ver de dónde podemos sacar. Lo que tenemos muy claro es que en ningún caso vamos a tocar el gasto social. Es una prioridad e intentaremos preservarlo al máximo.
-¿Veremos? Algo ya habrán visto.
-No, no. Hasta que la Comisión Europea no saque sus previsiones del PIB y el Estado nos informe de cuáles serán nuestros ingresos reales en 2012, no podemos evidentemente materializar nuestras medidas. Sí que analizamos posibilidades. Con ese objetivo, el de preservar el gasto social y la inversión productiva, lo que nos ha llevado a poner encima de la mesa estas medidas entre los trabajadores públicos.
-Pero me imagino que contarán con menos dinero. El presidente del Gobierno decía esta misma semana que el año será complicadísimo.
-Las perspectivas no son buenas y creemos que habrá una bajada de ingresos. En el momento en el que la comunidad elaboró los presupuestos de 2012, las previsiones del Gobierno eran de un crecimiento del 2,3% y las cuentas de la Xunta se hicieron con una estimación de alza del 1,1%. Y ahora estamos al borde del decrecimiento, de hasta el 1,5%, según apuntan algunos organismos. Esa caída del PIB va a tener efecto directo sobre el Impuesto de la Renta y el IVA y, por lo tanto, sobre el dinero que recibamos.
-Y a la espera de esas cifras oficiales, ¿que previsión manejan ustedes? Ese alza del 1,1% está ya desfasado.
-Sí, claro. Con los nuevos datos que estamos recibiendo, esa previsión se va a bajar considerablemente.
-¿Hasta el punto de que la economía gallega caiga de nuevo en recesión?
-Si al final los datos para el Estado son de recesión, aunque esperamos que Galicia siempre se comporte mejor y que si hay recesión sea menor, estamos en la misma economía y nos afecta lo que ocurra.
-Ese mejor comportamiento, ¿es una esperanza o una certeza?
-En este momento no tenemos certezas. Los datos económicos son cambiantes, hay que revisar continuamente las previsiones. Sería poco realista dar ahora una cifra.
-Dice que el gasto social es una prioridad. ¿La Xunta tiene asumido que, aunque sea un objetivo, habrá que tocar partidas que hasta ahora eran sagradas?
-Nuestra intención es no tocar esas partidas y hacer todo lo posible para preservarlas. Desde luego, la Xunta pondrá todo lo que haga falta para no tocar el núcleo del gasto social.
-¿Existe la posibilidad de un copago sanitario para determinados servicios?
-Es una decisión que le corresponde al Estado.
-¿Si el Estado abre la puerta?
-Si el Estado lo decide, todas las comunidades lo tendremos que aplicar.
-¿Tiene intención de acogerse a las líneas ICO de pago a proveedores?
-Estamos analizando esas condiciones de financiación, y si son favorables, acudiremos. Hay que darse cuenta que Galicia hasta ahora no tiene problemas para la emisión de su endeudamiento y que está consiguiendo condiciones muy buenas porque da fiabilidad y garantía a las entidades. La Xunta es una de las comunidades que antes paga a sus proveedores. El Estado está ofreciendo medidas para incrementar la liquidez, pero hay comunidades que lo necesitan más que Galicia. Nosotros estamos bastante mejor que otras comunidades.
-El año pasado solo se consiguió un tercio de la meta marcada en cuanto a la financiación público-privada. ¿Tiene sentido ante la actual situación de la economía?
-Si hay una obra prioritaria para Galicia, buscaremos la fórmula para hacerla, y la colaboración público-privada nos da esa posibilidad. Pero también nos preocupa la sostenibilidad del sistema. Por eso la ley de presupuestos incluyó un informe especial de Facenda analizando la evolución del gasto plurianual que eso supone para el presupuesto de la comunidad.
-¿Pero es realmente una alternativa en un momento en el que las empresas no están para grandes inversiones?
-Indudablemente, la continuación de esa vía pasa porque tengamos empresas que consigan la financiación de los bancos y los mercados que le permitan hacer frente a esas obras. En la colaboración público-privada más importante que tenemos ahora en marcha, el hospital de Vigo, las empresas lo consiguieron.
-¿Hay que mirar con más cuidado a las empresas para evitar un problema de viabilidad en los próximos años?
-Es un problema importante. Una administración, cuando inicia una obra, lo que quiere es una garantía de financiación por parte de la empresa. Hay obras que se iniciaron en años anteriores, una decisión de gasto que no se realizó con una adecuada previsión de los compromisos futuros. Cualquier decisión pasa por ese análisis. Es cierto que las empresas ahora son mucho más cuidadosas con sus proyectos porque tienen que contar con las garantías de esa financiación.
-La Xunta se quejó de la anterior reforma financiera porque era un cambio de reglas brusco. Ésta también lo es, más incluso, y no hay atisbo de crítica. ¿Cuestión de color político?
-No. El Gobierno se encontró una situación muy complicada en la economía en general y en el sistema financiero, con datos mucho peores que los que había transmitido el anterior Ejecutivo. Esto responde a la necesidad de tomar medidas rápidamente y dejar claro que somos capaces de afrontar las reformas que hacían falta para dar fiabilidad a los mercados.
-¿Qué futuro le queda a Novagalicia?
-Seguir trabajando para la recapitalización y mantener una entidad en Galicia.
-¿Y cómo interpreta que el ministro de Economía diga que hay que sacar 'lo antes posible' al Estado de ahí?
-El ministro tiene que analizar el sistema en su globalidad. Pero estoy convencida que si Novagalicia encuentra inversores y plantea un proyecto viable estará contento.
-De aquí a septiembre 2.400 millones, ¿no son muchos millones?
-Sí, pero todavía queda hasta septiembre. Démosles el plazo que tienen concedido para intentar buscar los inversores.
-¿Cuál es la relación que tienen con esos gestores? ¿Es buena? El mensaje de la Xunta hacia ellos pasó de una defensa a ultranza a vincular la continuidad del banco a 'si eran capaces' de lograrlo.
-Es buena. Hay que darse cuenta que el contexto ha cambiado. La entidad está bancarizada y no es competencia de la Xunta, con lo que lo que tenemos que hacer es respetar el trabajo de esos gestores y confiar en que defiendan los intereses de Galicia.
-¿La ve absorbida, o incluso subastada?
-Siempre mantengo la esperanza hasta el final y confío en que conseguirán los inversores.
-¿Es una aspiración más que una seguridad?
-Efectivamente. No dispongo de datos en este momento para decir otra cosa. Este Gobierno ha peleado todo lo que ha podido para tener una entidad en Galicia.
-¿No era mejor dejar que volaran por separado para garantizar cierta presencia?
-Se tomó la decisión que había que tomar, apostar por una permanencia.
-Una permanencia que está en claro peligro.
-Si no se hubiera hecho esa apuesta, ya no tendríamos ninguna entidad ahora.
-¿Realmente están seguros de que podrán mantener la tutela sobre la futura fundación Novacaixagalicia?
-Tenemos la certeza. La clave está en la actividad principal y todos los indicadores demuestran que la actividad principal de Novagalicia es la comunidad. Volumen de crédito, depósitos, volumen global de negocio, oficinas, trabajadores...
-¿Pero se ha hablado con el ministerio?
-Cuando uno no duda de algo, no pregunta. Estamos plenamente convencidos. No vemos ninguna razón para pedir aclaraciones.
-¿Aunque a Novagalicia a efectos de sector, incluso de competencia, se le considere una entidad nacional?
-Una cosa es que haya una actividad poliautonómica, y otra cosa muy diferente que su actividad principal no esté radicada en una.
-¿Habrá un representante de la Xunta o el Parlamento en el patronato?
-Estamos preparando la ley, que saldrá este mes, y analizando cómo será esa composición.
-Todo apunta a que sí, ¿no?
-Lo estamos analizando.
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