X. A. TABOADA | SANTIAGO Consciente de los problemas de liquidez que tienen los ayuntamientos y las dificultades para conseguir financiación externa, el Gobierno central ha creado una línea de crédito a través del ICO para dotar de fondos a los municipios con el objetivo de que pueden pagar a sus proveedores, a los que adeudan una cantidad difícil de estimar. La Confederación Nacional de la Construcción ha elaborado un informe en el que cifra en casi 29.000 millones de euros la deuda que los ayuntamientos españoles tienen solo con las empresas de la construcción.

En el caso de Galicia, la cifra ascendería el pasado año a 641 millones de euros, de los cuales casi la mitad (300,8 millones) corresponde a facturas impagadas de concellos de la provincia de A Coruña. La ciudad herculina, de hecho, es también la urbe que más dinero debe a este sector, 74,6 millones, aunque le sigue de cerca Santiago, con 66 millones en impagos. La Federación Gallega de la Construcción sostiene que a estas alturas la deuda municipal podría ser todavía más elevada debido al empeoramiento de la crisis y la caída de los ingresos. "Apostaría con toda seguridad a que se ha incrementado", apuntan desde el sector.

Una de las consecuencias de esta abultada deuda y el retraso en el pago de las facturas municipales es su impacto sobre el empleo. La Asociación de Empresarios de la Construcción de Pontevedra calcula que entre el 20% y el 30% de los empleos destruidos en el sector en 2011 se debe directamente a los problemas que tienen las constructoras para cobrar las obras de las administraciones locales. Eso supondría que de los 15.100 puestos de trabajo que perdió el sector en toda Galicia, entre 3.000 y 4.500 están motivados por el retraso de los municipios en el abono de los trabajos contratados. "Posiblemente entre el 20% y el 30% de los despidos en el sector tienen que ver con esta deuda de los municipios", asegura otro portavoz del sector.

Los 641 millones que los concellos deberían a las empresas de construcción no proceden solo de obras realizadas durante 2010, sino de varios ejercicios anteriores, debido a que los ingresos fueron cayendo desde que comenzó la crisis y las arcas municipales no resultaron suficientes para cumplir con todas las obligaciones de pago, ni con las recientes ni con las arrastradas. Y a ello se une, como advierten fuentes del sector, que los ayuntamientos tienen muchas dificultades para conseguir créditos en las entidades financieras para poder hacer frente a los proveedores. "Todo ello deriva en una influencia nefasta para el sector que lleva a la rescisión de contratos", aseguran fuentes de las constructoras.

Otra crítica que formulan es que apenas hay administraciones que están al día en sus pagos. Los abonos, cuando se producen, van con mucho retraso con respecto al plazo que marca la ley (50 días en 2011, 40 este año y 30 a partir de 2013). "Las administraciones son las primeras que incumplen la ley de morosidad. No se cumplen, ni de lejos, los plazos", advierten las mismas fuentes.

Las estrecheces en la liquidez de las arcas municipales ha llevado a que en 2011 el conjunto de los ayuntamientos españoles contabilizaran una deuda con las empresas constructoras de 28.851 millones de euros, de los que 641,5 corresponden a los concellos gallegos.

Con diferencia, el peor comportamiento se registra en la provincia de A Coruña, donde la Confederación Nacional de la Construcción cifra en 300,8 los millones que adeudaban sus ayuntamientos. La mitad de esta cuantía se repartiría solo entre los municipios de A Coruña y Santiago.

En Pontevedra la demora sería de 170 millones de euros, con los concellos de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía como principales deudores, con 34, 21 y 19 millones de euros, respectivamente. En Lugo y Ourense, la deuda no sobrepasa los 90 millones en cada una de ellas.

De todas formas, hay comunidades en una situación mucho peor que Galicia. Según la Confederación Nacional de la Construcción, la que más debía era Madrid, con 7.762 millones de euros, lo que representa la cuarta parte del conjunto del Estado. Le sigue Cataluña, donde sus ayuntamientos acumulaban una mora de 5.135 millones, y Andalucía, con una cifra de 4.527 millones. Luego están Valencia (3.011), Castilla y León (1.102) o Aragón (1.043). La comunidad gallega ocupa el puesto décimo, por encima de La Rioja (123), Cantabria (222), Extremadura (301), Navarra (313), Asturias (464), Baleares (608) y País Vasco (640).

¿Qué puede hacer una empresa cuando el ayuntamiento retrasa eternamente el pago de las facturas? A esta pregunta ha dado respuesta el pasado mes de noviembre la Asociación de Empresarios de la Construcción de Pontevedra (APEC), al firmar un convenio con un despacho de abogados de Vigo al que los asociados pueden recurrir para solicitar sus servicios jurídicos y presentar reclamaciones contra los concellos morosos. "Pretendemos que esta iniciativa ponga un poco en guardia a los alcaldes", justificó en su día el presidente de la asociación provincial de constructores, José Luis Campos.

Mientras la legislación actual marca un plazo de 40 días (en 2012) para que la administración pague sus facturas, la media está entre los ocho y los diez meses, según sostiene Campos, quien destaca que incluso hay empresas con deudas desde hace diez años. Y si hay una administración que sobresale por su morosidad, ésa es la municipal, según el presidente de las constructoras de Pontevedra.

La APEC considera que la mayoría de los ayuntamientos morosos se desentiende de la línea de créditos del ICO creada para, precisamente, inyectarles liquidez y ayudarles con los pagos de las obras pendientes. De hecho, a esta aportación externa de fondos solo habían acudido a finales del pasado año el 13,5 de los ayuntamientos.

El nuevo gobierno central reforzará en breve esta línea de fondos a través del ICO, pero con algunas modificaciones. Y la principal es que aunque sea el concello quien solicite la financiación externa, será el ICO quien directamente abone la cantidad correspondiente a los acreedores, sin pasar previamente por las arcas municipales. Se trata de garantizar así que el dinero acabe en las cuentas de los proveedores sin que se produzcan nuevos retrasos.