Solo 13 días después de la reunión entre la conselleira de Facenda y los sindicatos para presentarles el anteproyecto de Lei de Medidas no Emprego Público, la negociación para buscar el respaldo del sector a los ajustes se cerró ayer sin acuerdo y con el rechazo unánime de los representantes sindicales a una ley que ven un "ataque brutal e injustificado" al empleo público. La comisión de personal dio luz verde al documento con el voto en contra de los sindicatos (y de 200 trabajadores concentrados a las puertas de la Egap) y el apoyo de la Xunta, que hoy lo ratificará en el Consello para remitirlo de inmediato al Parlamento. Su intención es que el plan de ajustes, que incluye la reducción hasta un tercio de la jornada y el salario al personal interino, recorta de nueve a seis los días de libre disposición y suspende las ayudas sociales, entre en vigor en marzo.
El texto aprobado ayer, con todo, introduce modificaciones al borrador inicial. La mayoría son cuestiones menores, pero también cambia uno de los apartados polémicos: la supresión del complemento por incapacidad temporal (IT) durante los primeros 21 días de baja. Si la intención inicial era mantener esta paga en caso de maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, el documento aprobado introduce cinco supuestos más: intervención quirúrgica, hospitalización, riesgo por embarazo, riesgo durante la lactancia y paternidad. Además, para el resto de bajas la Xunta introduce un criterio progresivo en lugar de suprimir el complemento en su totalidad. De este modo, durante los tres primeros días (y si es la primera baja que solicita durante el año) percibirá el 50% del complemento, entre el cuarto y el vigésimo día el 75% y a partir de ese momento, el 100%.
La Xunta ofrecía así un gesto a los sindicatos en un "último intento de llegar a un acuerdo". Pero esta cesión en el tema de las bajas no cumplió las expectativas sindicales, que desde el principio han exigido la retirada completa del texto para poder iniciar de cero una "verdadera negociación" y poner sobre la mesa medidas de recorte en todos los capítulos del gasto público.
Gratificación por jubilación
Para Ramiro Otero, de CCOO, los nuevos supuestos "no cambian nada y se limitan a reconocer un derecho que recogen ya todos los grandes convenios". Por su parte, Fernando García, portavoz de la CIG, achaca los cambios a un "intento de darle un barniz ante la opinión pública a un texto muy agresivo".
Pero además el borrador que aprobará hoy el Consello también introduce un nuevo recorte a los derechos de los empleados públicos al suspender una gratificación -consistente en tres mensualidades de salario- que percibía hasta ahora todo el personal laboral fijo en el momento de su jubilación. Desde Facenda justifican la medida aduciendo que, antiguamente, la pensión era "más baja y tardaba algún tiempo el cobrarse" por lo que, para compensar ese retraso, los trabajadores percibían una gratificación, algo que ya no ven necesario. Además, recuerdan que otro artículo también suspende las ayudas por jubilación a funcionarios. "Lo que no tiene sentido es que se suspendan para ellos y queden para los laborales. Lo que se hace es igualar el régimen para todos", dicen.
Por todo ello, los sindicatos rechazaron ayer en bloque el anteproyecto de ley y pidieron a la Xunta que volviese a convocar a la mesa general teniendo en cuenta las "modificaciones de calado" que introduce en los derechos de los empleados públicos y que el documento que les presentaron hace dos semanas no era el mismo que el de ayer.
"Autonegociación"
"La Xunta autonegoció con ella misma. Nunca hubo una mano tendida. Engaña a la ciudadanía y trata de criminalizar a todo un colectivo", resume Otero, que explica que minutos antes de la reunión, se les entregó el nuevo documento y se les emplazó a hacer in situ sus alegaciones. "No tuvimos tiempo ni de analizarlo", añade García, que reprocha a la Xunta su negativa a "debatir otras medidas para ahorrar en gasto público", como le propusieron ayer. Además, tampoco les convence la explicación sobre de dónde sacarán los 80 millones de ahorro previstos, al considerar excesivos los 22 millones estimados solo con la reducción del complemento IT.
Sin embargo, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, insistió en que la intención de la Xunta era alcanzar un acuerdo, por lo que presentó una modificación que, según dijo, convierte a Galicia en la comunidad con "la mejor regulación de las condiciones de acceso a la incapacidad temporal". Asimismo, argumentó que la administración recibió alegaciones de "diversos organismos" y atendió "demandas de funcionarios en este sentido". "Es una modificación que se puede estudiar perfectamente en la comisión de personal; ellos se negaron, volvieron a rechazar el proyecto y pedir la devolución", dijo.
"En la tramitación parlamentaria no descartamos ningún tipo de movilización o medida de presión, incluida la huelga". Así resumía ayer Ramiro Otero la postura de los cuatro sindicatos del sector público tras fracasar las negociaciones del plan de recortes. Hoy mismo los trabajadores están llamados a concentrarse al mediodía ante todos los centros de trabajo públicos y el próximo jueves se mantendrá la convocatoria de manifestaciones en las siete ciudades a las 19.00 horas. Pero teniendo en cuenta que el "escenario ha cambiado", los sindicatos estudiarán nuevas actuaciones para tratar de frenar unas medidas que, estiman, solo entre jubilaciones, recortes en descansos y la reducción de la jornada a los interinos pondrán en peligro 5.000 empleos.
