C. VILLAR | SANTIAGO Las rutas jacobeas están de moda. Pero no solo porque el fenómeno de la peregrinación esté viviendo un proceso de auge, sino también porque constituyen los elementos patrimoniales que más sufren el vandalismo. Las denuncias recibidas por la Consellería de Cultura así lo constatan. El año pasado, casi una tercera parte de las 321 notificaciones registradas en la Dirección Xeral del Patrimonio se referían al Camino de Santiago, sobre todo el más concurrido: el Francés. Se repite así una tendencia que se daba ya en 2010 y desbancaba el protagonismo de los bienes eclesiásticos, que lideraban las denuncias.

No obstante, los templos y cementerios siguen estando en peligro por agresiones, a juzgar por el hecho de que es el segundo grupo más dañado. En tercer lugar se encuentra uno de los tesoros de la arqueología gallega: los castros. No obstante, ha sido otro tipo de resto arqueológico, un yacimiento romano, el que ha destacado durante el pasado año por lo elevado de la multa que impusieron los técnicos de Patrimonio a quienes lo dañaron. Y es que, a pesar de que en muchos casos las denuncias no acaban con la apertura de expediente, cuando esto ocurre no resulta extraordinario que el Gobierno gallego finalice el proceso con una sanción. Así fue en el caso del yacimiento romano de O Couto de Soutelo, en As Neves. Tal y como explican desde Cultura, la Consellería había emitido una resolución para que se paralizasen unas obras que estaban causando daños al yacimiento. No obstante, los receptores de la sanción hicieron caso omiso a la recomendación, lo que motivó que finalmente la Xunta les impusiera una multa de 120.000 euros.

La mitad de esa cantidad tuvo que pagar la empresa Iberdrola por derribar una iglesia en Fontao, A Teixeira, en pleno Canón do Sil. La polémica se inició ya en 2007, cuando la compañía destruyó el templo, del XIX, pese a que no había recibido autorización. Aunque Patrimonio finalmente multó a la empresa, un error en el proceso de notificación motivó que hubiera que reabrir el proceso y que la sanción no se hiciera efectiva hasta el año pasado.

Tampoco los concellos se libran. Así, el de Sarria, por donde discurre el Camino Francés, tuvo que abonar también 60.000 euros en concepto de sanción por otorgar una licencia de un inmueble sin contar con la autorización de Cultura. Lo mismo le ocurrió al municipio de Viveiro. El yacimiento arqueológico de A Lanzada fue el causante de otra denuncia, que acabó con una sanción de 43.000 euros.