Un funcionario del Ayuntamiento pontevedrés de Cangas trabaja cada semana casi una jornada menos que un compañero del Concello coruñés de As Pontes: 30 horas frente a 37,5. Se trata de una de las diferencias más extremas en las condiciones laborales del mapa local gallego. Dentro de su plan para reducir el déficit público, el Gobierno de Rajoy se propone revisar la jornada laboral de los funcionarios, al igual que aprobó recientemente la Xunta. La intención del Ejecutivo central es unificar las horas de trabajo de los empleados públicos municipales al alza. A partir del próximo mes de junio, cuando entren en vigor los presupuestos estatales, los funcionarios de todos los ayuntamientos deberán trabajar 37,5 horas cada semana. Y lo harán después de asumir parte de la carga de las reformas en el sector público: el año pasado sufrieron un recorte salarial del 5% y para 2012 su sueldo está congelado.

En diciembre, el Gobierno aprobó un real decreto que extendió este nuevo horario, superando las 35 horas fijadas por el Ejecutivo de Zapatero, a los empleados a sueldo de la administración estatal. Comunidades y ayuntamientos dudan desde entonces si deben asumir esa novedad, lo que ha evidenciado en Galicia grandes diferencias entre los funcionarios locales -el personal laboral se rige por otras condiciones-.

A pesar de que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) remitió una circular a los ayuntamientos explicando que debían asumir las 37,5 horas porque entendía que afectaba a la normativa básica estatal, el Ejecutivo de Rajoy pretende resolver la cuestión a través de los presupuestos generales que presentará el viernes día 30. En ellos se extenderá la jornada de 37,5 horas a todas las administraciones, según fuentes del Ministerio de Hacienda. La previsión es que las cuentas se aprueben el 28 de junio y a partir de entonces entre en vigor esta novedad.

La Xunta ya aplica este aumento de la carga de trabajo, contemplado en las medidas de ajustes de sus trabajadores que, en principio iba a mantener temporalmente al menos hasta 2014. Con la medida del Gobierno de Rajoy, la adoptará con carácter indefinido. Galicia es una de las cuatro únicas comunidades que obliga a trabajar a sus empleados 37,5 horas cada semana, junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.

El terreno municipal resulta más resbaladizo, pues es complicado homogeneizar el cumplimiento de estos horarios. Por el momento, existen diferencias entre las condiciones de los 31.043 empleados a nómina de los concellos gallegos, que tienen autonomía para fijar el horario de su personal, pero no para establecer el número de horas laborales.

Mientras algunos funcionarios locales no llegan siquiera a las 35 horas, otros ya cumplen desde hace tiempo la nueva jornada de 37,5, como As Pontes, Muxía, Narón, Betanzos, A Estrada, Baiona, Ourense oLugo. En Ponteareas se aplicarán dentro de un mes cuando tengan autorización para que funcione el sistema de huella digital para que fiche su personal.

En A Coruña los funcionarios realizan 36 horas y 15 minutos, y la junta de personal alude a la potestad que da el Estatuto del empleado público para que cada administración "confeccione su horario", algo que en el caso de los empleados públicos de María Pita ya tienen establecido "por acuerdo en su convenio".

En el mismo caso están los trabajadores de Vigo, que realizan 35,5 horas y la junta de personal adelanta que se negarán a realizar cambios. El gobierno local de Rodeiro también descarta elevar las 35 horas que cumplen sus empleados. Esta misma jornada laboral la están cumpliendo los trabajadores de Culleredo, Ferrol, Oleiros, Arteixo, Bergondo, Lalín, Pontevedra, Forcarei, Nigrán o Vilagarcía, entre otros municipios gallegos.

El concello pontevedrés de Cangas es un caso referencial a la hora de abordar el horario de los funcionarios municipales. Su alcalde, el popular José Ignacio Sotelo, reconoce que "el convenio fija un horario de 08.30 a 14.30 horas", es decir seis horas al día, pero sostiene que adoptarán "lo que diga la ley" mientras recuerda que están centrados en el plan de saneamiento con que saldar su deuda. Otro de los concellos que se acerca a esta cifra es el de Gondomar, con 32,5 horas, si bien Ayuntamiento y trabajadores negociarán llegar a las 35 horas semanales.