El equipo de gobierno del municipio coruñés de Ares, del PSdeG, ha exigido hoy la dimisión inmediata del exalcalde del PP Manuel Cendán tras haber sido condenado a 5 años de inhabilitación para cargo púbico por un delito electoral al considerarse probado que manipuló el censo local en 2003.
Dicha manipulación propició su victoria en las elecciones municipales de ese año por un estrecho margen de votos.
Por medio de un comunicado, el gobierno local de Ares denuncia que hacer "trampas" para ganar unas elecciones "es una forma muy sucia de corrupción política", por lo que exige a Cendán que deje urgentemente su puesto de portavoz del PP en el consistorio.
El grupo socialista, que estuvo personado como acusación particular, destaca que con este fallo judicial "se gana una larga batalla" y ha subrayado que "alguien que utilizó su puesto de alcalde hacer trampas y ganar unas elecciones en democracia no puede seguir ostentando la máxima representación de una formación política porque el pueblo no lo merece".
Así, el alcalde, Julio Iglesias, ha denunciado que "esta forma de corrupción política, la de manipular el censo para ganar unas elecciones, es muy sucia" y demuestra una falta de respeto a las reglas de juego de la democracia "sangrante".
La sentencia que condena a Cendán subraya que el exregidor es "autor penalmente responsable" de un delito electoral por "incumplimiento de las normas legalmente establecidas para la formación del censo".
Fija para el exalcade, actual líder y portavoz del PP en Ares, una condena de cinco años de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, una multa de 1.200 euros y las costas del juicio.
La magistrada María Jesús Garcí, titular del juzgado de lo penal número dos de Ferrol, también condena a Montserrat Rodríguez, exsecretaria del alcalde y su compañera sentimental en 2003, por el mismo delito como "autora penalmente responsable".
La pena que le impone es de un año de inhabilitación y una multa de 688 euros.
El juicio se celebró el pasado mes de diciembre y por la sala desfilaron más de una treintena de testigos.
La Fiscalía y la acusación particular que ejercían BNG y PSOE en Ares acusaron al exregidor de haber empadronado de forma irregular en la localidad coruñesa a 73 personas pocos meses antes de los comicios locales de mayo de 2003.
De estas 73 personas, 31 fueron censadas en la casa del regidor, 12 en la de su expareja, y también en viviendas en ruinas, inexistentes o un garaje propiedad del empresario, Antonio Castro, ya fallecido y número 10 en la lista popular en aquellos comicios.
