La extensión de la jornada laboral de 37,5 horas semanales a todos los concellos gallegos a partir del próximo mes de junio derivará en una cascada de demandas por parte de los funcionarios afectados y en un enfrentamiento con los consistorios. Mientras la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) defiende la homogeneización de horarios y el "pequeño sacrificio" de aumentar la carga de trabajo, los sindicatos advierten de que acudirán a la Justicia para paralizar la decisión del Gobierno central en los casos en que vulnere los convenios colectivos municipales que fijen menos horas.
El presidente de la Fegamp, José Manuel Rey Varela, apoya la decisión del Gobierno y, si bien defiende la autonomía local para negociar las condiciones laborales de su personal, reclama a los trabajadores -31.000 a sueldo de diputaciones y concellos gallegos- un "pequeño sacrificio en forma de trabajar un poco más" para "reducir el déficit en aquellos concellos donde esto es un problema". "Entendemos que la reforma que pretende el Gobierno busca homogeneizar la situación", comenta Rey Varela a este diario. "No parece razonable que unos cumplan 37,5 horas de manera escrupulosa y otros estén muy por debajo", razona el también alcalde de Ferrol. En su opinión, la restricción de aumentar el gasto de personal, "parece que obliga a todas las administraciones a gestionar con la máxima eficiencia los recursos humanos" de los concellos.
Los sindicatos se oponen de manera frontal. De hecho, miembros de las juntas de personal de los concellos de A Coruña y Vigo ya han manifestado su intención de no plegarse a las nuevas condiciones. CCOO, UGT, CIG y CSIF coinciden en su postura: denunciar el incumplimiento de los convenios. Sus planes pasan por que cada empleado presente una demanda y los jueces estimen indicios de inconstitucionalidad, aunque la fórmula de la batalla judicial aún no está definida.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy prepara una reforma legal, que acompañará a la ley de presupuestos generales, para aplicar este aumento de jornada a todos los funcionarios de la Administración local -concellos y diputaciones- y autonómica. La medida ya fue aplicada a los empleados estatales mediante un real decreto aprobado en diciembre.
La Xunta ya extendió el horario de sus trabajadores mediante la ley de medidas temporales sobre el empleo público, pero ahora queda el ámbito local, donde existen numerosas diferencias. Concellos como el de Cangas que cuenta con una jornada semanal de 30 horas, Gondomar con 32,5, otros, como Ferrol, Oleiros, Pontevedra o Nigrán, llegan a las 35 y otros como As Pontes, Muxía, Narón, Ourense o Baiona ya hacen las 37,5.
La mayoría de concellos gallegos, los más pequeños, carece de convenios colectivos, por lo que aplicará la ampliación de jornada sin posibilidad de pleitear, aunque en las ciudades y localidades medias sí existen, que son los que más personal tienen en plantilla.
Los sindicatos se muestran indignados por la decisión del Gobierno porque entienden que las diferencias de jornada se deben a "negociaciones colectivas" que ahora el Gobierno quiere vulnerar a golpe de ley y opta por homogeneizar carga laboral, pero no sueldos. CCOO, UGT, CIG y CSIF-Galicia coinciden en que una vez se vulneren los convenios de concellos con jornadas por debajo de las 37,5 horas acudirán a la justicia.
Los sindicatos censuran los continuos cambios en sus condiciones laborales de manera unilateral, tras la bajada de salario del 5% el año pasado y su congelación este. "El horario está marcado por la negociación colectiva. Se trata de una decisión política del PP a nivel estatal y autonómico", añade Ramiro Otero de CCOO.
Umberto Paz, de UGT, explica que las diferencias horarias están vinculadas a diferentes condiciones laborales. "Muchos concellos con escaso presupuesto compensaban la falta de subidas salariales con menos jornada. No se puede tumbar la negociación colectiva a golpe de decreto", incide Umberto Paz, de UGT.
En estos momentos, el Estado marca un mínimo para las escalas de funcionarios, pero luego cada ayuntamiento determina las subidas anuales. "Un administrativo puede ganar 1.800 euros en un concello y otro con la misma categoría y antigüedad 1.100 en otro", denuncia Paz.
"Las diferencias de nóminas se deben a los complementos específicos. Con esta norma, el Gobierno central quiere ahorrar horas extras de personal como policías locales o bomberos, pero eso constituye un gran gasto en las grandes ciudades, no aquí", comenta José Francisco Méndez, que pide equiparar jornada y suelo, no solo lo primero. "Somos cabezas de turco", zanja.
Antonio López, de CIG local, critica además las consecuencias de estas medidas. "Con este aumento de horas no se crea empleo, sino que se crea más paro con menos contrataciones", cree.
