Los problemas derivados de la reforma electoral aprobada en 2011, con una histórica caída de la participación de la diáspora en todos los comicios celebrados desde entonces, han llevado a populares y socialistas a retomar las negociaciones para volver a retocar la ley tan solo un año después. La Xunta, que ya mostró en su día ciertos recelos ante la decisión de imponer el voto rogado al colectivo emigrante, se felicita ahora por que PP y PSOE hayan acordado revisar el aspecto más problemático de la norma e insta a los grupos parlamentarios a explorar "nuevas fórmulas y sobre todo las vías telemáticas" para garantizar que "todos los españoles puedan votar en las mismas condiciones".

Ante la drástica caída de la participación de los emigrantes en las generales y en las recientes elecciones en Andalucía y Asturias (con un 7% y un 3,3% de participación en el exterior, respectivamente) la Secretaría Xeral de Emigración ve necesario abordar "cuanto antes" un cambio legislativo que "que fomente la participación, en lugar de disuadir a los votantes". Esto es lo que creen que ha ocurrido con la última reforma, que además de eliminar el derecho a voto en las municipales de la diáspora, les obliga a comunicar personalmente su intención de votar como paso previo para recibir las papeletas y poder emitir su sufragio, por correo o en las urnas de los consulados.

El requisito del voto rogado pretendía dotar de transparencia y limpieza a un sistema que históricamente siempre ha estado bajo sospecha, ya que garantiza la identidad del elector y minimiza el riesgo de posibles manipulaciones. Pero en la práctica la complejidad del procedimiento, los costes del envío postal y los retrasos en la recepción de la documentación (que a veces ni siquiera llegaba a su destino) han llevado la participación de los emigrantes a mínimos históricos. "Las últimas elecciones así lo demuestran", apuntan desde Emigración.

Por ello, el departamento dirigido por Santiago Camba tiene claro que para dar contenido a la nueva reforma hay que "explorar todas las medidas y fórmulas posibles para fomentar la participación de la diáspora garantizando la transparencia y la limpieza del proceso". En esta línea, la Xunta apuesta claramente por el voto electrónico o telemático, un sistema "barato, eficaz, limpio y que permite un recuento de los sufragios inmediato". "Podría ser la solución, al menos en aquellos países con una buena conexión y cobertura", explican fuentes de Emigración, que añaden que las experiencias de votación telemática realizadas hasta la fecha "están demostrando su eficacia y apenas generan reclamaciones", además de que ofrece "menos dudas sobre la limpieza" del procedimiento que el tradicional voto por correo.

En cuanto al voto rogado, la Xunta no pide "que se elimine" directamente aprovechando la nueva reforma (algo que defiende, en cambio, el Partido Socialista) pero sí que se introduzcan los cambios necesarios para que este requisito "no siga desanimando al voto". "Hay que pensar en las circunstancias de todos los emigrantes. Y en todo caso, debe apostarse por fórmulas que garanticen el voto igualitario de todos los españoles, como dice la Constitución, y la limpieza y la transparencia", defienden desde Emigración para explicar que las posibilidades de acceder al voto en urna o de solicitar y recibir en plazo las papeletas para poder votar son muy distintas en cada país.

En su día y a pesar del respaldo del PP nacional a la reforma de la Loreg, la Secretaría Xeral de Emigración ya había avisado de que la introducción del voto rogado podía tener repercusiones sobre la participación de la diáspora. "El tiempo parece que nos ha dado la razón", señalan desde Emigración remitiéndose a los datos objetivos de los últimos procesos electorales.

Por ello, aplaude la decisión de los dos grandes partidos de volver a revisar este aspecto y les anima a hacer la reforma "cuanto antes" y "de forma consensuada" contanto para ello con el resto de los partidos políticos y con la opinión de los colectivos de emigrantes.

Tanto el director del Partido Popular en el Exterior, Alfredo Prada, como la secretaria de Emigración del PSOE, Carmela Silva, consideran demasiado cercano el horizonte de los comicios gallegos para tener lista la nueva modificación de la Loreg. El peso de los emigrantes gallegos en el censo electoral supone el 14,43% del total y la repercusión que tendrá el voto rogado en la cita gallega se podrá comprobar, ya que su modificación tardará algo más. "El propósito, en principio, sería llegar a las próximas generales con un nuevo sistema", avanza Prada, que añade que la reforma de "una ley orgánica "necesita un proceso de maduración y luego una tramitación tanto en el Congreso como en el Senado". La representante socialista tampoco se atreve a dar fechas, pero apuesta porque sea "cuanto antes". "Si estamos decididos a la eliminación del voto rogado, deberemos tomar lo antes posible las decisiones que permitan aumentar la participación", dice. Las posturas de ambos partidos aún están un poco distanciadas y en aras de que la reforma sea lo más consensuada posible abrirá un buzón virtual para recibir las propuestas de la ciudadanía.