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El CGPJ propone que Betanzos y Carballo se unan al partido judicial de A Coruña

Jueces y secretarios ven la propuesta una buena base para modificar la planta y los funcionarios la rechazan por "drástica" y avisan de que

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El CGPJ propone que Betanzos y Carballo se unan al partido judicial de A Coruña
El CGPJ propone que Betanzos y Carballo se unan al partido judicial de A Coruña  
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M. VÁZQUEZ | SANTIAGO M. VÁZQUEZ | SANTIAGO El plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para situar la Justicia española a la altura del siglo XXI pasa por reorganizar los juzgados en base a nuevos criterios de población y distancia que permitan superar un modelo completamente desfasado. Su propuesta aboga por transformar de forma radical el mapa de la Justicia en Galicia, que pasaría de 45 demarcaciones a tener solo 13. Jueces y secretarios consideran el diseño propuesto un buen punto de partida para superar una organización judicial "anticuada" y en la que se primaron criterios "localistas", pero los representantes sindicales de los funcionarios lo rechazan porque creen que repercutirá de forma directa en la calidad del servicio, provocará una "movilidad brutal" entre los trabajadores y servirá de "excusa" para reducir personal interino y de refuerzo.

En la provincia coruñesa, que pasaría de 14 a 4 demarcaciones, el informe propone suprimir 10 partidos judiciales, entre ellos, los de Carballo y Betanzos, que se integrarían en el de A Coruña. Esta demarcación se convertiría así, con diferencia, en la más importante de Galicia, al dar servicio a 523.513 personas y agrupar 28 juzgados. Ningún otro partido aglutinaría a una población tan importante ya que Vigo, tras incorporar a su estructura los juzgados de Redondela, abarcaría tan solo 383.413 habitantes.

La reorganización judicial propuesta para A Coruña incluye la adhesión del partido de Ortigueira al de Ferrol, mientras que Santiago se convertiría en la cabecera de todo el sur de A Coruña, integrando a los órganos de Padrón, Negreira, Arzúa y Ordes. El último partido coruñés aglutinaría a los juzgados de A Costa da Morte y Barbanza (Corcubión, Muros, Ribeira y Noia).

La propuesta de nueva demarcación judicial, a la que los vocales del CGPJ podrán hacer sus sugerencias las dos próximas semanas, no ha dejado indiferente al sector judicial gallego aunque la valoración difiere según a quién se le pregunte. Jueces y secretarios aplauden la iniciativa, tanto por su rigor como por la racionalidad de los criterios escogidos para diseñar un mapa en el que ninguna circunscripción abarque menos de 100.000 habitantes y cualquiera de sus núcleos esté conectado a menos de una hora de la cabecera territorial. Ignacio Picatoste, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Galicia, considera que es "una buena base de trabajo" para abordar un "esfuerzo de racionalización" que ve "imparable". Con todo, cree que es "susceptible de mejorar" y opina que en Galicia habría que revisar el ámbito geográfico "porque algún partido queda amplísimo".

Para Xermán Varela, portavoz de Jueces para la Democracia, se trata de "una buena propuesta" que deja atrás "localismos absurdos" y permitiría afrontar "con expectativas de éxito" otras reformas cruciales, como la nueva oficina judicial. No obstante, considera que se trata de un proyecto "viable a diez años" tanto por su compleja plasmación normativa como práctica. También a favor está la delegada del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Asunción Barrio. "Con las actuales comunicaciones no tiene sentido mantener tantos partidos. Es un buen punto de partida pero luego habrá que mirar cada caso", opina.

Sin entrar a analizar el diseño propuesto para Galicia, el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, destaca el fin del estudio: revisar la ley de 1988 "que ha quedado desfasada en muchos aspectos" para "avanzar hacia una Justicia más moderna y eficiente".

Más escépticos son los funcionarios. Pablo Valeiras, de CCOO-Xustiza, habla de un "ataque directo a los servicios públicos". "Si hoy la tutela judicial está en riesgo, con la supresión de partidos se distanciará la Justicia de los ciudadanos aún más", avisa Valeiras. Por ello, anuncia una firme oposición de CCOO a una reforma que servirá de "excusa para eliminar interinos de los juzgados" y provocará un "problema de movilidad brutal" ya que, calcula, el 30% de los 2.500 funcionarios judiciales que hay en Galicia se verán afectados. Chelo Rodríguez, de la CIG, coincide en que habrá que trasladar a muchos funcionarios que "lucharon durante años por la plaza que tienen". "Y no nos van a mover dentro de la ciudad, ni siquiera de la misma comarca", critica Rodríguez, que no ve "acertada ni lógica" una propuesta que aplica los mismos criterios de organización "en Galicia que en Castilla".

El eterno debate sobre la reorganización del mapa de la Justicia en España también lleva décadas abierto en Galicia, una comunidad en la que incluso hubo algunos intentos de racionalizar y hacer más operativa la organización territorial de sus juzgados. Las raíces decimonónicas del modelo actual -con nada menos que 45 partidos judiciales, 13 de los cuales cuentan con un solo órgano- explican por qué todo el mundo coincide en calificarlo de obsoleto y desfasado. Un problema del que ya se dio cuenta el Gobierno franquista cuando en 1966 impulsó un decreto que elimina en bloque 20 partidos judiciales gallegos.

La comunidad contaba en aquel momento con 52 demarcaciones distintas, por lo que tras la reforma franquista la cifra se redujo a 32. Pero dos décadas después el Gobierno socialista de Felipe González volvió a introducir cambios en la planta judicial gallega, esta vez, para aumentar de nuevo el número de partidos, que llegaron así a los 45 actuales.

Este cambio (introducido por la ley de demarcación y planta de 1988) fue el último que sufrió la organización de la Justicia en todo el país. Peor desde entonces el debate ha estado más vivo que nunca. Con la premisa de racionalizar medios, ahorrar costes y superar divisiones judiciales fundamentadas en su día únicamente por criterios geográficos o localistas, los sucesivos gobiernos que pasaron por San Caetano y La Moncloa han coincidido en plantear algún tipo de estudio o revisión de la planta judicial.

En Galicia el primero en defender abiertamente la necesidad de reorganizar los partidos judiciales fue Xesús Palmou, conselleiro de Xustiza con Fraga. Aunque en su caso solo se atrevió a insinuar la posibilidad de suprimir algún partido y sin citar nombres, el bipartito formado por socialistas y nacionalistas tomó el testigo y en abril de 2009 (semanas antes de perder la Xunta en las urnas) presentaba el Libro blanco da xustiza en Galicia. En este informe, encomendado por Emilio Pérez Touriño a un comité de sabios integrado por jueces, fiscales y abogados gallegos, se abogaba con contundencia por la reagrupación de juzgados y una "significativa" reducción del número de partidos.

Sin decir cuál sería la cifra ideal ni qué demarcaciones sobran, los expertos consultados por el bipartito insistían en que la "imperiosa necesidad de concentrar y redefinir" los límites de algunos partidos con el fin de evitar una dispersión de medios materiales y personales.

En Madrid, el Gobierno de Zapatero también confió la futura reforma de la ley de 1988 a un comité de expertos, que abogaron por sustituir los "desfasados partidos judiciales" por estructuras más amplias y órganos especializados.

Esa misma filosofía parece compartir el actual Gobierno autonómico. Alfonso Rueda apostaba hace solo unos meses por un nuevo modelo territorial que atienda más a la distribución geográfica de la población y por la especialización de órganos que actúen en varios partidos a la vez. Gallardón parece haber recogido el guante y en paralelo al informe del Poder Judicial ha encargado su propia propuesta al enésimo grupo de expertos que analizará el tema.

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