Galicia sufrirá por dos años consecutivos la congelación de la planta judicial gallega. A la del año pasado, cuando por primera vez no se creó ni un solo órgano nuevo en todo el país, le sigue la negativa del Ministerio de Justicia a ofertar plaza alguna de jueces y fiscales para este año. No será hasta 2013 cuando el departamento que ahora dirige Alberto Ruiz-Gallardón volverá a convocar oposiciones. Serán tan solo 55 plazas para toda España, 35 de jueces y 20 de fiscales. Ante este nuevo parón judicial, opositores a jueces y fiscales han creado una plataforma para reclamar un pacto de Estado por la Justicia con una convocatoria "ininterrumpida" de plazas. En solo una semana, unos 450 de los casi 4.000 opositores a las carreras judicial y fiscal y al cuerpo de secretarios judiciales se han sumado a través de Facebook a este movimiento en protesta por la "falta endémica de personal y de recursos en la Administración de Justicia".

En el caso de Galicia, el Ministerio de Justicia ha dado carpetazo a la demanda de plazas para 2011 requerida por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza: siete plazas de jueces (dos de ellos de adscripción territorial) y tres juzgados (dos mixtos en Vilagarcía y Sarria y el sexto de lo Social en Vigo). La propuesta quedará en el cajón del departamento de Gallardón hasta 2013, ya que hasta entonces no se ampliarán ni los medios técnicos ni humanos.

Labores de apoyo

A pesar del aumento de la carga de trabajo en los juzgados desde que comenzó la crisis en 2008 -la litigiosidad desde entonces se disparó un 55%-, el crecimiento de la planta judicial se ha ido ralentizando ante la necesidad del Gobierno de recortar gastos. El año pasado no se creó ninguna unidad judicial nueva, una congelación de la planta que creó un problema a la hora de colocar a la última promoción, la 62, que tomó posesión de sus nuevos destinos el pasado mes de febrero. A la cuarta parte -a 47 de 186- les asignaron les órganos ya existentes para realizar funciones de apoyo, unos destinos en los que tendrán que permanecer un año antes de poder optar a una plaza de titular. La 63 promoción, actualmente en prácticas, está formada por 231 jueces, una de las más nutridas de los últimos años, lo que complicará aún más su colocación.

Ante la que consideran "insostenible" situación del panorama judicial, la plataforma promovida por opositores a jueces y fiscales se pusieron en contacto con los grupos parlamentarios en el Congreso y asociaciones de la judicatura y magistratura para forzar a Justicia a convocar oposiciones este año.

Las consecuencias serán un todavía mayor "incremento de la carga de trabajo" -España cuenta con 10 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media de los países del entorno-. "No se podrá realizar un adecuada seguimiento de las causas y esto podrá derivar en sucesos no deseados que causan alarma en la sociedad", advierten desde la plataforma.'

La carga de trabajo en los juzgados aumenta año tras año, pero la plantilla apenas crece y las vacantes tardan en cubrirse. "La Justicia trabaja en precario", advierte Begoña Luaces, que tenía previsto presentarse a la convocatoria de este año. Las cifran dan fe de esta situación: diez jueces por cada 100.000 habitantes, dos de cada diez sentencias dictadas por jueces sustitutos, una cuarta parte de los jueces de la última promoción que se vieron abocados a hacer labores de apoyo o un aumento de la litigiosidad en los últimos cuatro años del 55%.