La crisis económica e inmobiliaria ha puesto freno a los delitos urbanísticos en la comunidad. Si en su memoria del año 2007 la Fiscalía gallega alertaba del espectacular y preocupante aumento de las denuncias por actuaciones relacionadas con el urbanismo, desde el año 2008 las diligencias de investigación por construcciones ilegales disminuyeron. En 2011, la Fiscalía de Urbanismo en Galicia abrió un total de 64 diligencias, frente a las 97 registradas hace cinco años, lo que supone un descenso del 34%.

Del boom del ladrillo al parón de las excavadoras. El desplome del sector de la construcción está detrás de esta caída de los procedimientos por infracciones urbanísticas, tal y como apunta el fiscal de Urbanismo en Galicia, Antonio Roma. De los 97 procesos abiertos en Galicia en 2008 por delitos contra la ordenación del territorio, se pasó a los 86 contabilizados en 2009, los 79 de 2010 y, finalmente, los 64 del año pasado. Pero ni se ha bajado la presión policial y judicial ni los ciudadanos son más permisivos con los comportamientos delictivos en materia urbanísticas. "Los ciudadanos -asegura Roma- no han bajado la guardia y siguen denunciando".

"En el mayor momento de la actividad inmobiliaria algunas obras ilegales pasaron inadvertidas. Y en la actualidad casi nos llama la atención el hecho de que existan nuevas promociones", advierte Roma ante un mercado inmobiliario cada vez más paralizado por la excesiva oferta y la escasa demanda.

Por provincias, el mayor descenso de los comportamientos delictivos en materia de urbanismo lo registra A Coruña, que pasó de los 53 procedimientos de 2008 a los 31 del año pasado (-60%). Pontevedra también registró una caída de las denuncias por delitos contra el territorio (-36,5%) -la Fiscalía tramitó un total de 26 denuncias en 2011 frente a las 41 de hace cinco años-. "Este descenso se debe a la crisis en el sector de la construcción, y por tanto en los delitos derivados de las plusvalías que la misma genera asociadas a movimientos especulativos", concluye la Fiscalía Superior en la memoria de 2011.

Por el contrario, en Ourense y Lugo las diligencias en materia de urbanismo se duplicaron, si bien el número es mucho más bajo que en las provincias atlánticas. En el caso de Ourense, se pasó de tan solo dos procedimientos en 2008 a cinco el ejercicio pasado, mientras que en Lugo se contabilizaron dos, uno más que el año que arrancó la crisis.

En la lista negra de la Fiscalía gallega por supuestas irregularidades urbanísticas figuran decenas de ayuntamientos gallegos. Oleiros, Aranga, Porto do Son, Mugardos, Arteixo, Nigrán, Gondomar, Barreiros... En concellos de todos los colores políticos, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. La Fiscalía Superior ha abierto cerca de un centenar de causas contra cargos públicos en Galicia. De ellas, una veintena están relacionadas directamente con delitos contra la ordenación del territorio y otras 30 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística.

En su labor contra la corrupción urbanística, la Fiscalía gallega quiere implicar a la Xunta y a los concellos. Sobre la actuación de la Administración autonómica, el Ministerio fiscal confía en que pese a la nueva configuración de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), creada en el año 2008 por el bipartito, se mantenga el nivel de colaboración. En cuanto a la gestión de los concellos, una de las causas que, según la Fiscalía gallega, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. Para la Fiscalía, los secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales.

No obstante, el fiscal de Urbanismo en Galicia destaca que la disciplina municipal del vai facendo se está erradicando. "La cultura ciudadana -apunta Roma- ha evolucionado en una buena dirección; hoy los vecinos denuncian cada vez más hechos que consideran una arbitrariedad y ya hemos superado los tiempos en que las administraciones locales carecían de medios disciplinarios".

Por cuarto año consecutivo, los datos de la memoria de la Fiscalía de 2011 revelan un descenso de las denuncias de urbanismo, en concreto un 19% respecto al año anterior. La crisis del sector de la construcción y la lejanía de una cita con las urna son las principales causa de este descenso. Y es que cada vez que se aproximan unas elecciones locales, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.