La Xunta empezará a cobrar a partir del mes de julio el canon del agua, una nueva tasa con la que se pretenden recaudar unos 48 millones de euros al año y que implicará subidas en el recibo del agua para el 70% de las familias gallegas. El Gobierno gallego dio ayer luz verde a este polémico gravamen, apenas un mes después de que el Consello Consultivo advirtiese de que iba contra el "ordenamiento jurídico" y tras corregir, según la Consellería de Medio Ambiente, "el 90% de las observaciones" realizadas por este órgano.
La novedad del nuevo canon es que grava los consumos de forma progresiva de manera que pagará más quien gaste más agua. Quedarán exentos, sin embargo, los propietarios de pozos y traídas particulares, así como unas 7.800 familias en situación de exclusión social. Las familias numerosas tendrán un descuento del 50%.
Junto al canon de saneamiento se crea otra nueva tasa para costear la depuración de las aguas residuales, el denominado coeficiente de vertido. Este gravamen ya lo venían aplicando los concellos que gestionaban depuradoras, pero no se aplicaba en los municipios donde la Xunta se hacía cargo de las estaciones de depuración de aguas residuales.
Nuevo impuesto
Según el Gobierno gallego, "no se crea ningún nuevo impuesto sino que evolucionan los existentes para mejorarlos". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer que el nuevo canon del agua será "el segundo más barato de España" y destacó que es "más equitativo, más progresivo y más social". Este canon sustituye al de saneamiento, que es el que se venía aplicando ahora y que establecía un fijo independientemente del consumo.
El nuevo gravamen establece tres tramos según el tipo de consumo y el número de miembros por familia. En un grupo estarán los hogares con tres personas o menos que tendrán una barrera de seis metros cúbicos (6.000 litros) al mes de consumo de agua, en otro los núcleos con cuatro miembros que podrán gastar hasta seis metros cúbicos y para los que tengan cinco o más integrantes el nivel se situará en los 10 metros cúbicos. Si no superan estas barreras de consumo se les cobrará un fijo de 0,50 pero si las sobrepasan pagarán 1,50 euros más un plus que oscilará entre 0,28 euros y 0,45 por metro cúbico de agua.
Feijóo destacó que este nuevo sistema permitirá a un 30% de los gallegos pagar menos por el agua que consumen. En concreto, serán las personas que vivan solas y las parejas que gasten menos de seis metros cúbicos al mes.
En cuanto la aplicación del canon del agua a usos industriales, se le cobrará menos a las empresas que depuren sus aguas antes de verterlas a la red de saneamiento.
La nueva tasa, que nació rodeada de polémica, iba a empezar a aplicarse ya en enero de 2012 pero la Xunta tuvo que aplazarlo debido a su complejo desarrollo reglamentario y al diseño del nuevo sistema de facturación que deberán aplicar las suministradoras de agua. Así, aunque la previsión inicial era recaudar 48 millones al año, al entrar en vigor el nuevo gravamen a mitad de año los ingresos para las arcas autonómicas se reducirán a 37 millones de euros, una cifra que, aún así, será superior a lo recaudado con el antiguo canon de saneamiento en 2011 (35 millones de euros). El 100 por cien irá destinado a abastecimiento y saneamiento de aguas.
Además de este gravamen, los municipios cobran también tasas municipales en el recibo del agua. El Parlamento aprobó ayer una iniciativa para pedir a los concellos que no le cobren nada a los vecinos si no alcanzan el mínimo de consumo.
Feijóo exige que no se bloquee el plan de ajuste de los ayuntamientos con deudas
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió dificultades financieras en ayuntamientos de la comunidad, dándose "una situación especialmente delicada" en Foz y Ponteareas, donde, además, el máximo mandatario autonómico recordó que se requiere de "consenso político" para que sus planes de ajuste puedan salir adelante.
Feijóo hizo un llamamiento a los partidos para que "quienes causaron las deudas" de sus ayuntamientos "no bloqueen" ahora los planes de ajuste que permitirían "que las nuevas corporaciones puedan satisfacer sus pagos a proveedores". "Que tengan responsabilidad", apunto, antes de insistir en que Foz y Ponteareas están "especialmente afectados".
Feijóo hizo estas declaraciones el mismo día que los proveedores con facturas pendientes con los ayuntamientos comenzaron a cobrar sus deudas dentro del plan de pago auspiciado por el Gobierno. Feijóo apremió a los ayuntamientos con más dificultades a que alcancen un acuerdo "porque no tiene sentido ni político ni económico ni financiero que no puedan pagar lo que deben".
El alcalde de A Lama (Pontevedra), Jorge Canda, atribuyó las deudas de su ayuntamiento, que vio su plan de ajuste rechazado por el Ministerio de Hacienda, al retraso en los pagos de la Xunta. "Feijóo cerró el ejercicio en septiembre y ahí nos cortó, nos dejó colgados a los ayuntamientos", criticó.
"Si la Xunta me mandara antes lo que me debía, ya podía pagar mucho, muchas facturas", enfatizó, para rebajar los "problemas" de su ayuntamiento a cuestiones de "falta de liquidez".
Alberto Núñez Feijóo defiende que las tarifas autonómicas serán las segundas más baratas de todo el país
El plan para controlar el absentismo laboral en la Xunta ya está dando sus frutos. En el primer trimestre de este año hubo un 17% menos de bajas entre los funcionarios. Según explicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esta reducción ha permitido al Gobierno gallego ahorrarse en solo tres meses 3,9 millones.
El jefe del Ejecutivo autonómico agradeció a los empleados públicos que "entendieran el mensaje de comprometerse frente a la crisis". En concreto, el absentismo bajó en el Sergas un 17,5% y en función pública un 17% si se tiene en cuenta el personal ya de baja. Pero además se iniciaron otros 2.163 procedimientos de incapacidad temporal entre enero y marzo, un 23,7% menos que en el mismo periodo de 2011.
El Consello dio luz verde ayer a la regulación del régimen aplicable al personal de las entidades instrumentales del sector público de Galicia. Los conocidos como chiringuitos. Una medida que homogeneizará las relaciones del empleo en todo el ámbito del sector público autonómico al uniformizar el régimen de personal de estas entidades con el de la Administración general gallega. Según avanzó el Gobierno gallego, entre los requisitos para este proceso, que afectará a unas "507 personas", será obligatorio tener un contrato laboral fijo con alguna de las entidades instrumentales, formalizado tras un proceso de selección realizado bajo los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad.
