La Xunta promueve las fusiones locales como modo de ahorro, pero el entendimiento entre muchos municipios fronterizos es todavía una quimera. El Ejecutivo gallego ha tenido que mediar entre 14 ayuntamientos en siete conflictos por lindes en lo que va de año, mientras que otros 10 todavía no han sido resueltos. Un total de 20 ayuntamientos aún mantienen algún tipo de disputa por la limitación de sus fronteras, la mayoría de ellos, en la provincia de Pontevedra, con ocho municipios con expedientes de deslinde abiertos, realidad que contrasta con los planes del Gobierno de Feijóo, que incentiva la cooperación entre los concellos con menos habitantes para limitar el gasto.

Las motivaciones que están detrás de estos lindes tienen, en la mayoría de los casos, implicaciones económicas. Pero la falta de claridad en los límites entre unos ayuntamientos y otros tiene otras consecuencias, como la confusión a la hora de solicitar licencias o de pagar impuestos municipales.

Uno de los conflictos que permanecen en tramitación es el que se da entre Marín y Pontevedra sobre la situación territorial del puerto. La disputa viene dada por el pago de tributos por parte de las empresas emplazadas en este recinto, ya que ninguno de los ayuntamientos tiene intención de renunciar a los ingresos derivados de la actividad empresarial. La división actual resulta engorrosa para las empresas, con problemas para solicitar licencias, subvenciones o para abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles. No saben a qué ayuntamiento dirigirse para tales fines ya que, ante la falta de pronunciamiento de la Xunta, sigue vigente el reparto del Instituto Geográfico Nacional de 1990, que divide al recinto en dos y ocasiona los trastornos mencionados a las empresas.

El parque eólico del Seixo, situado en el límite entre Cerdedo y Forcarei (Pontevedra), está en medio de la disputa por el trazado de la frontera entre ambos ayuntamientos. Desde 1996, Cerdedo reclama una división basada en un deslinde de 1942, mientras que Forcarei lo rechaza y se remite a un acta del IGN de 1890. La Xunta decidió zanjar el caso en diciembre de 2006, con fallo a favor de Forcarei. Sin embargo, Cerdedo no estuvo de acuerdo con la determinación del Gobierno y recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde el expediente permanece a día de hoy pendiente de resolución.

Las decisiones en materia de lindes también tienen implicaciones en la política, aunque algo menos directas. Los concejales de cada municipio se deciden en función del número de habitantes, por lo que los residentes en las zonas limítrofes de los ayuntamientos pueden ser el objeto último de algunas disputas.

Carballeda de Avia y Ribadavia, en Ourense, permanecen pendientes de deslinde de sus términos municipales en San Cristobo, y por tanto, se disputan los habitantes de esta zona. Mientras, Cortegada y Gomesende, en Pontevedra, tampoco consiguen acordar a cuál de los dos ayuntamientos pertenecen cinco viviendas situadas en la carretera de Cortegada a Celanova. Gomesende reclama el territorio en cuestión aludiendo a que este ayuntamiento es el que presta servicios a los hogares que, sin embargo, abonan el Impuesto de Bienes Inmuebles al municipio de Cortegada. Este último se muestra dispuesto a asumir los servicios de las viviendas, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que es el Gobierno quien debe establecer los límites entre ambos municipios.

Otros lindes sobre los cuales la Xunta debe pronunciarse por falta de acuerdo entre las partes implicadas son los que existen entre los ayuntamientos de Carballo y A Laracha, entre Tordoia y Cerceda y entre Val do Dubra y Santa Comba, todos ellos en la provincia de A Coruña. También está en trámite el deslinde de los términos municipales de las localidades lucenses de Pastoriza y Mondoñedo y de Fonsagrada y Grandas de Salime, que pertenece a la comunidad asturiana. En la provincia de Pontevedra se mantiene abierta la disputa por los terrenos fronterizos de O Porriño y Mos, cuyas comisiones de deslinde tienen previsto llegar a un acuerdo en septiembre y no creen que sea necesaria la intervención del Gobierno en este caso.

De los siete expedientes por límites territoriales a los que sí se ha dado carpetazo durante este año, tres pertenecen a la provincia de A Coruña, que ha resuelto los lindes entre Curtis y Sobrado, Dodro y Padrón y Porto do Son y Ribeira. La Xunta también ha finalizado las disputas por las zonas limítrofes de los ayuntamientos pontevedreses de Nigrán y Gondomar y las de Vilaboa y Marín, así como las que existían entre los municipios ourensanos de Avión y Carballeda de Avia y entre San Cibrao das Viñas y Ourense. Sin embargo, los ayuntamientos pueden discrepar de la solución que propone el Ejecutivo autonómico y zanjar sus conflictos mediante la intervención del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.