Unión Profesional de Galicia, que representa a 45 colegios profesionales y a 60.000 profesionales colegiados, reclama "diálogo" al Gobierno central ante la tramitación del proyecto de Ley de Liberalización de Servicios Profesionales prevista para este mes de septiembre. "Solicitamos una interlocución real para que las medidas que afecten al profesional lleguen desde el consenso", explica el presidente de Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo.
Unión Profesional de Galicia teme que el Programa Nacional de Reformas previsto para el segundo semestre de 2012, en lo que se refiere al sector profesional, incluya cambios como la supresión de la colegiación obligatoria para determinadas profesiones. La asociación que agrupa a las profesiones colegiadas de Galicia entiende que esta medida tendrá efectos perversos: "Generará más desempleo en Galicia, mermará la calidad de los servicios profesionales, incentivará el intrusismo y dejará desprotegido al usuario gallego" de los servicios profesionales.
Unión Profesional de Galicia apuesta por una "regulación equilibrada" frente a una "liberalización excesiva que implicaría llevarse por delante los derechos de los ciudadanos". Los colegios profesionales gallegos tienden la mano del "diálogo constructivo" al Ejecutivo central para desarrollar, "con unas garantías mínimas", la Ley de Servicios Profesionales. "Están en juego los derechos del ciudadano gallego que requiere los servicios de profesionales", alerta José María Arrojo, quien plantea "una regulación equilibrada para salvaguardar a los colectivos más vulnerables".
Unión Profesional de Galicia, ante el impacto que las actividades profesionales tienen sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas, insta al Gobierno central a mantener la colegiación como requisito indispensable para el ejercicio profesional como norma en todo el Estado. La entidad que representa a 45 colegios profesionales en Galicia, por el contrario, sí está abierta a reformar todos los aspectos susceptibles de mejora que permitan una mayor eficiencia y crecimiento de la economía y del empleo.
José María Arrojo recuerda que "un profesional tenga que estar vinculado a un colegio para ejercer una profesión, es un deber previsto en la Constitución y tiene que ver con el impacto que su actividad puede tener sobre la salud, el bienestar y la seguridad de las personas». En su opinión, "para garantizar el correcto ejercicio de todos los profesionales, debe seguir exigiéndose ese control que realizan los colegios
profesionales a través del establecimiento de los códigos deontológicos".
