Anova Compostela denuncia el ´secuestro´ por parte del Estado de los cuatro miembros de Resistencia Galega

Ven la legislación antiterrorista en su conjunto como "una prueba de que seguimos viviendo en un sistema asentado en la violencia"

 19:47  

EUROPA PRESS Anova-Irmandade Nacionalista Compostela ha denunciado el "secuestro", por parte del Estado, de los tres detenidos vinculados con la organización independentista radical Resistencia Galega el pasado fin de semana, una actuación que, a su juicio, tiene como objetivo "reforzar la posición electoral del PP".

Para la formación, el Estado "ha vulnerado sus derechos fundamentales y garantías penales mínimas" al privar a estos nacionalistas de comunicación y asistencia letrada, adjudicarles prisión preventiva sin juicio previo y fijar como foro jurisdiccional a un "tribunal político" --la Audiencia Nacional--.

Estas declaraciones se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz enviase a prisión este miércoles a los tres que han declarado en su Juzgado, por la comisión de delitos de tenencia de explosivos y pertenencia a organización terrorista. En cuanto al cuarto detenido, el magistrado dictó este martes su ingreso en la cárcel, por los mismos delitos.

La asamblea comarcal compostelana ha considerado que las prácticas denunciadas con respecto a los miembros de Resistencia Galega son una forma de "crear un estado de alarma y montajes de distracción social", y que responden, además, a "objetivos marcadamente políticos y electoralista".

Así las cosas, Anova "ha puesto su voz solidaria" con las familias, amigos y los propios detenidos y ha exigido el fin del "circo mediático que está ahondando en la estigmatización de estos ciudadanos y su entorno", para finalizar con un llamamiento a la movilización de los santiagueses.

LEGISLACION ANTITERRORISTA

Es más, la formación liderada por Xosé Manuel Beiras ha reprobado, a través de la nota de prensa remitida, "el conjunto de la legislación antiterrorista" y su aplicación en la Comunidad gallega.

De hecho, ha considerado las normativas sobre este tema como "una prueba de que seguimos viviendo en un sistema asentado en la violencia contra la mayoría de la sociedad" y en el que "se le sigue dando más importancia a las mercancias que a las personas".

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