Investigación judicial a cargos públicos

Políticos en el banquillo... y en activo

Las dimisiones son excepción entre los cargos públicos imputados en casos judiciales
Una decena de alcaldes siguen en sus puestos imputados por diversos delitos

 21:01  
La Policía incauta documentación en el concello de Corcubión en enero del año pasado. / la opinión
La Policía incauta documentación en el concello de Corcubión en enero del año pasado. / la opinión 

Las detenciones ayer de los alcaldes de Ourense y Boqueixón han supuesto un 'shock' en la precampaña gallega como el que irrumpió en la pegada de carteles de las generales del año pasado, momento en que la causa de José Blanco, ministro de Fomento, fue enviada al Tribunal Supremo. No son, sin embargo, los únicos casos de cargos públicos con problemas judiciales. El de ayer es el último capítulo de una legislatura salpicada de polémicas y que estalla a dos semanas del pistoletazo de salida para las autonómicas

D. DOMÍNGUEZ| SANTIAGO Unas horas antes de que los partidos realizasen la tradicional pegada de carteles el 4 de noviembre del año pasado, una noticia dinamitaba el arranque de la carrera hacia Moncloa que situó a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

La juez de instrucción de Lugo Estela San José enviaba al Tribunal Supremo las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra el entonces ministro de Fomento, José Blanco, proceso que acabó con la imputación de este y que sigue todavía sin aclararse.

Fue el clímax de la denominada operación Campeón, que acabó con dos diputados, uno del PP y otro del BNG, presentando su dimisión y el Igape, el instituto económico de la Xunta, con su cúpula ante la Justicia.

La operación Pokémon que ayer provocó la detención de los regidores de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG), y Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), es el último capítulo de una legislatura trufada de polémicas y que estalla a quince días del pistoletazo de salida para las autonómicas. Sin embargo, los problemas con la justicia no afectan a la mayoría de alcaldes. Más de una decena de regidores mantiene el bastón de mando pese a su imputación en uno o varios delitos.

. 'Operación Campeón'. La imputación de José Blanco cuando ejercía no solo como ministro de Fomento, el departamento con más dinero para invertir del Gobierno, sino también como número dos del PSOE, eclipsó las ramificaciones de una trama que salpicó a los tres partidos con representación parlamentaria. La clave del proceso radica en el empresario lucense Jorge Dorribo, presunto cerebro de una trama de pago de comisiones ilegales a políticos a cambio de ayudas públicas para sus empresas, fundamentalmente el laboratorio Nupel. El 24 de mayo del año pasado agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpían en las dependencias del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y detenían a su director, Joaquín Varela, y al número dos Carlos Silva por, supuestamente, conceder subvenciones a cambio de comisiones. El proceso concluyó en una primera parte con la implicación de quince personas hasta afectar a los diputados Fernando Blanco (BNG) y Pablo Cobián (PP). La Xunta relevó a la cúpula del Igape, en donde el número dos imputado concedió también subvenciones millonarias a la empresa en que participaba su mujer.

. 'Operación Orquesta'. Los implicados en esta trama de adjudicaciones irregulares no solo no revalidaron sus victorias, sino que salieron reforzados. Al alcalde de Fisterra, José Manuel Traba (PP) se le imputa un delito de prevaricación, mientras que al de Mazaricos, José Manuel Santos (PP) se le acusa también de cohecho y tráfico de influencias. El independiente Ramón Vigo perdió la alcaldía tras una moción de censura de BNG y PP. También está imputado el alcalde socialista de Corcubión. En el ámbito municipal están también imputados el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey (PSdeG) por desobediencia al no derribar un edificio, el de Tui Moisés Rodríguez (PP) por un delito contra el patrimonio histórico y el de Muxía Félix Porto (PSOE) por supuesto fraude de fondos públicos para pagar un agente electoral. También está imputado el regidor socialista de Camariñas Manuel Valeriano, y de O Pino, Manuel Taboada, por favorecer a Fadesa para construir un polígono, mientras que el de Portas, Roberto Vázquez, evitó la cárcel tras ser condenado por defraudar al fisco. Se mantiene como alcalde, pero son las siglas del PP. Quienes sí perdieron el bastón de mando fueron los socialistas de O Grove, José Antonio Cacabelos, imputado por prevaricación, y el de Castro de Rei, Juan José Díaz, acusado de adjudicaciones irregulares.

. 'Operación Arena'. El pinchazo de unas conversaciones telefónicas destapó la relación entre el empresario Fermín Duarte y el diputado del PP Javier Escribano, al que supuestamente habría regalado el primero un Porsche para que realizase gestiones ante la Xunta que permitiesen la comercialización de materiales tóxicos como asfalto. Escribano acabó dimitiendo.

. Conde Roa. El caso más mediático de un cargo público con problemas con la justicia fue el del alcalde de Santiago, el popular Gerardo Conde Roa, hasta ahora el único de una gran ciudad imputado judicialmente. El alcalde no declaró 291.000 euros en concepto del IVA de la venta de unas viviendas de su promotora y los utilizó para mejorar las cuentas de su firma. La presión hizo dimitir a Roa.

. 'Operación Carioca'. Aunque no existe ningún cargo público imputado en esta trama, quien la instruye es Pilar de Lara, la misma juez que ha dejado en estado de shock la campaña electoral al detener a los regidores de Ourense y Boqueixón. La investigación detectó en octubre de 2009 una trama de explotación sexual de mujeres en la que estaban implicados presuntamente agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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