La juez Pilar de Lara Cifuentes volvió ayer a protagonizar una jornada maratoniana al tomar declaración a dos personajes claves para desenmarañar la trama que investiga la operación Pokemon. El primer interrogatorio se prolongó durante más de cinco horas y lo sufrió el propietario de la empresa Sanle, Manuel Santiso. A continuación, ya pasadas las diez de la noche le tocó el turno a Javier Manuel Reguera, gerente de la ORA en Lugo. La juez ya había advertido que habría que esperar a la conclusión de esta última declaración para conocer para los cargos que se les imputan a ambos y sus situaciones personales. Antes de escucharles, el Tribunal Superior de Xustiza ya había adelantado que se les acusaba de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documenta
Los papeles de Santiso y Manuel Reguera Pérez parecen determinantes. Su implicación en otro caso, la operación Carioca, sirvió a la juez para tirar del hilo; de hecho, a raíz de investigación de la red de prostitución en Lugo, De Lara encargó centrar el foco en Santiso y Reguera.
La declaración de Santiso se prolongó durante más de cinco horas. Entró en las dependencias de los juzgados lucenses a las diez de la mañana para empezar a declarar a las dos y hasta casi las ocho de la tarde, De Lara no dio el interrogatorio por concluido. Santiso, al terminar, tuvo que permanecer en dependencias judiciales ya que la juez, según las previsiones, quería esperar a finalizar el interrogatorio de Reguera para comunicar a ambos detenidos su decisión. Javier Manuel Reguera, encargado de la ORA de Lugo y funcionario en excedencia del ayuntamiento, empezó a declarar sobre las diez de la noche por lo que, a última hora de ayer y teniendo en cuenta la duración de las tomas de declaraciones previas de cada uno de los implicados, se esperaba el final de la sesión para "altas horas" de la madrugada.
Reguera es también una pieza fundamental del puzle, precisamente por su proximidad al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que fue enviado a prisión después de un interrogatorio de más de diez horas. Según fuentes próximas al caso, el vínculo entre Reguera y Liñares siempre fue visible y, junto a Santiso, forman un núcleo fundamental para la juez en su intento de desenmarañar los presuntos pagos y sobornos.
Asimismo, los dos implicados que declararon ayer, Santiso y Reguera, son socios entre ellos en varios negocios. Según el Tribunal Superior de Xustiza a ambos se les acusa de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y falsedad documental.
Hasta la fecha, la juez instructora ha enviado a prisión en la madrugada del pasado domingo a Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, administrador de Vendex, acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, y al expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. En todo caso, fuentes próximas al caso reconocieron que no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días, dado que las personas interrogadas ofrecieron a la juez "información valiosa sobre otros empresarios" que también podrían haber ofrecido sobornos para hacerse con concesiones y contratos públicos.
