La operación Pokemon sumó ayer siete nuevas detenciones de políticos y empresarios y ya son 22 los arrestados en esta trama que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos a la empresa Vendex. La crisis en el Ayuntamiento de Ourense se agudizó con la detención por la mañana del edil del BNG Fernando Varela, quien a última hora de ayer quedaba en libertad bajo fianza de 3.000 euros tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara. Se le imputan supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Al cierre de esta edición, la juez tomaba declaración al otro edil detenido: Manuel Ángel Pico Yáñez, concejal del PSOE en Cospeito, y vinculado a la empresa de construcciones Hermanos Pico Yáñez.

La relación de detenidos ayer se completa con un empresario de Vigo, uno Lugo, uno de A Fonsagrada y un matrimonio de Ourense, ligado a una empresa del sector forestal que, según fuentes de la investigación, podría haber hecho algún trabajo para la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Un día antes de que el BNG oficialice su salida del bipartito de Ourense, tras la imputación del regidor socialista Francisco Rodríguez, la operación Pokemon también salpicaba a los nacionalistas, con la detención del edil de Deportes, Vivienda Pública y Rehabilitación.Varela, cercano al jefe de la Policía Local de la ciudad de As Burgas también imputado, llegó a media tarde al juzgado lucense , pero antes tuvo que ser atendido en el hospital tras sufrir "una crisis de ansiedad y un bajón de tensión". En las dependencias judiciales volvió a sufrir una indisposición.

En el anterior mandato, Varela tuvo bajo su mando precisamente a Abelardo Ulloa, jefe de policía local. La juez Pilar de Lara puso en libertad a éste último con los cargos de soborno y tráfico de influencias tras pagar 5.000 euros de fianza.

Tres horas y media después de su detención, el BNG fijó su postura oficial y aseguró que si era imputado, Varela -que estuvo arropado en los juzgados de Lugo por una veintena de nacionalistas entre los que se encontraba el exconselleiro de Medio Rural Alfredo Suárez Canal- presentaría su dimisión "de motu propio". "No hará falta que el Bloque se lo exija", sostuvo la secretaria de Organización Montse Prado, que criticó la dimisión del alcalde de Boqueixón Adolfo Gacio (PP), pero que se mantendrá como edil. "Es una burla", indicó.

A Varela se unió el socialista Pico Yáñez, edil en Cospeito y dueño de una empresa de construcción que podría mantener vínculos con alguna de las sociedades investigadas en una trama que ya ha supuesto la detención de entre 22 y 24 personas, según informa Efe.

También fue arrestado, aunque puesto más tarde en libertad sin cargos, el empresario vigués Javier Anchelergues, dueño de la firma Anchelergues y Asociados SL, creada en 2009 con una plantilla de diez trabajadores y dedicada a la construcción tanto de obra pública como privada, así como a la realización de actividades de urbanización. Su abogado, Eduardo Ferreiro, aseguró a Efe que "todo había quedado aclarado" tras su declaración y que ya había sido puesto en libertad sin fianza.

También fue puesto en libertad sin fianza el antiguo coordinador de la Policía Local de Lugo ya retirado, Daniel Local, tras prestar declaración y ser imputado por cohecho y tráfico de influencias. Otro responsable policial, Abelardo Ulloa, jefe de la policía local de Ourense, salió en libertad tras pagar 5.000 euros y con una imputación por soborno y tráfico de influencias.

Durante la jornada de ayer ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental Javier Reguera, responsable del sistema de la ORA en la ciudad de Lugo.

Directivos del Grupo Vendex reconocieron ante la juez que instruye la operación Pokemon que pagaron a Fernando Varela, concejal del BNG en Ourense, 6.000 euros en las fechas previas a las elecciones municipales del año 2011. Fuentes próximas al caso explicaron ayer a este diario que la juez Pilar de Lara tiene conversaciones grabadas de los responsables de la empresa admitiendo haber entregado dinero en efectivo al edil.

Las mismas fuentes señalaron que durante los interrogatorios salió a la luz la posibilidad de que el destino final de esta "mordida" fuese la financiación del partido y no el lucro personal de Varela, aunque también aclararon que todavía no había sido posible determinar dónde había acabado finalmente el dinero entregado.

Contratos

La supuesta vinculación con este pago, según las mismas fuentes, serían los favores para la renovación del contrato del servicio de limpieza de los pabellones deportivos de Ourense. La adjudicación del saneamiento de las instalaciones municipales del Consejo de Deportes del Concello de Ourense se aprobó en enero de 2012 y fue Procedementos de Aseos Urbanos (PAU), filial de Vendex, la que se hizo con el concierto en un concurso en el que se presentaron otras tres ofertas. En aquel momento ya se hizo pública la postura en contra del interventor municipal, pero fue el alcalde el que dio luz verde a la aprobación pese a las objeciones del funcionario.

La investigación desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera hizo un seguimiento a Fernando Varela tras tener conocimiento de que recibiría los 6.000 euros y habría logrados pruebas documentales de que la entrega se realizó el café Xesteira de la capital ourensana. Las mismas fuentes añadieron que la magistrada lucense tiene constancia a través de las escuchas telefónicas de que el concejal se reunió hace ahora exactamente un año, poco antes de la renovación del contrato de los pabellones, con directivos del Grupo Vendex. Además, el edil también habría solicitado a la empresa la contratación de un empleado en fechas anteriores.