Una semana después de saltar a la luz pública la operación Pokemon, continúan las detenciones y el desfile de implicados a la sede judicial lucense de la Plaza de Avilés para prestar declaración ante la juez instructora del caso, Pilar de Lara. El empresario vigués Manuel Álvarez Martínez, exconsejero de la constructora Bruesa (grupo vasco que opera en toda España y con filial también en Galicia), fue detenido hacia el mediodía de ayer, un día después de que le tocara el turno al también empresario vigués Javier Anchelergues.

Con el arresto de Álvarez Martínez ya son 23 los detenidos en una semana. Tanto el empresario Miguel Álvarez Martínez como el matrimonio de la localidad ourensana de O Carballiño (detenidos el miércoles) propietarios de una sociedad que presta servicios en el sector forestal y que también declararon ante la juez en la mañana de ayer, quedaron libres sin fianza e imputados de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Las declaraciones de ayer fueron cortas, en comparación con las seis horas de otros implicados y, según fuentes de la investigación, los interrogatorios giraron en torno a obras contratadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil cuando era presidida por Francisco Fernández Liñares, uno de los tres encarcelados hasta el momento y clave en esta operación que trata de desenmarañar una red de pagos, premios y sobornos a cambio de la adjudicación de concesiones, con el grupo Vendex como núcleo. Precisamente ayer la abogada del expresidente de la Confederación, Reyes Costa, abandonó la defensa de Liñares. Costa, que es asimismo cuñada de uno de los principales implicados en la operación, alegó motivos "personales" para renunciar a su defensa.

Tras los interrogatorios a los empresarios de O Carballiño, entró a declarar Manuel Álvarez Martínez y lo hizo durante menos de una hora. Álvarez Martínez, actual vocal de la Asociación de empresarios Aproin, fue consejero delegado de Bruesa en Galicia, constructora con base en San Sebastián y un negocio superior a los 500 millones anuales que está en concurso de acreedores desde febrero de 2011.

En Galicia operó durante un tiempo como Cysugal SA, filial fundada en 1995, no obstante, en 2007, Bruesa absorbió a Cysugal. La falta de financiación frenó el proyecto urbanístico de la Plaza de España en Vigo y tampoco llevó a cabo la adjudicación que tenía de la Xunta para la zona verde de Navia.

En octubre de 2009, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cuyo expresidente es clave en esta red, adjudicó a Bruesa el proyecto del colector de saneamiento de La Malata, en Ferrol, por un total de 5,5 millones. La firma Bruesa aparece vinculada al Ministerio de Fomento con varias contrataciones, sobre todo en los años 2009 y 2010, con adjudicaciones de autovías y tramos del AVE. También se encargó de construcción de vivienda protegida y centros de día en Aragón.

El empresario Javier Anchelergues, dirige una constructora desde 2009. Entre las contrataciones de la empresa figura una obra en León adjudicado por la Confederación Miño-Sil por 12.000 euros, un tramo del AVE adjudicado por Fomento en octubre de 2011 en una UTE con Comsa (La Canda-Vilavella) por más de 50 millones o un tramo del FEVE, también con Fomento; una obra por casi tres millones.