Investigación a cargos públicos: la red de implicados

Quién es quién en la ´operación Pokemon´

Políticos de distinta ideología, funcionarios y empresarios están imputados por la juez De Lara en una presunta trama de corrupción en la adjudicación de servicios públicos

 12:59  
Gervasio Rodríguez Acosta, administrador de Vendex enviado a prisión, a su llegada al juzgado. / eliseo trigo
Gervasio Rodríguez Acosta, administrador de Vendex enviado a prisión, a su llegada al juzgado. / eliseo trigo laura monsoriu

J.A. OTERO RICART/RAFA LÓPEZ| A CORUÑA Estos son los protagonistas de la operación Pokemon.

. Francisco Fernández Liñares. Exconcejal de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil entre 2008 y 2012, el socialista Francisco Fernández Liñares es uno de los imputados que se encuentra en prisión. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo. Durante su etapa como edil estuvo al frente de la Policía Local y de los servicios de la ORA y la grúa. Adjudicó a Vendex un contrato de limpieza por 364.000 euros.

En su declaración habría implicado a otras veinte personas y aportó a la juez diversos detalles sobre el funcionamiento de la trama, que se basaría en la adjudicación irregular de obras y contratos. En el registro de su domicilio los investigadores encontraron numerosas anotaciones que podrían ser usadas en su contra. La comisión judicial encontró en su casa una bodega con vinos de precios elevados. "No sabía que el Vega Sicilia fuera tan caro", dicen que respondió Fernández Liñares cuando le preguntaron por la procedencia de esas marcas.

Con fama de persona ordenada y pragmática, este ingeniero técnico agrícola y licenciado en Economía podría haber recibido más de 250.000 euros en sobornos. Aunque continúan las investigaciones sobre su patrimonio, se sabe que es propietario de varios inmuebles, fincas rústicas y acciones. Una de esas fincas rústicas estaría situada en las proximidades del polémico campo de golf de Lugo.

. Gervasio Rodríguez Acosta. El administrador de Vendex, grupo empresarial que suele concurrir a numerosos concursos públicos de ayuntamientos de toda España, fue el primero de los detenidos en ingresar en prisión imputado por cohecho y tráfico de influencias.

De origen cubano, Acosta administra un grupo empresarial fundado hace 45 años que engloba una treintena de sociedades, adjudicatarias de servicios de recogida de basuras, limpieza y mantenimiento. Se le acusa de sobornar a políticos y funcionarios para lograr la adjudicación de servicios a Vendex.

En su larga declaración, admitió haber entregado regalos como parte del proceso habitual de las adjudicaciones. "¿Cómo cree que se consiguen los contratos?", dicen que preguntó de forma retórica. En 2000 liquidó Rubber, una empresa de recauchutados creada en Fene en 1991, y que recibió dos millones de euros en subvenciones públicas.

. Javier Reguera. Delegado de Doal, dirige la ORA en la capital lucense. Socio de Fernández Liñares, se le acusa de actuar como intermediario para conseguir contratos de servicios de ayuntamientos para su empresa, del grupo Vendex. Implicado en el caso Carioca, llevaba meses con el teléfono intervenido. Es uno de los tres imputados en prisión. En su declaración podría haber implicado al alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, al apuntar que era la persona a la que se conocía como "O Cura".

. Manuel Santiso. Gerente de Construcciones Sanle, se le acusa de ayudar a Javier Reguera para conseguir los contratos. Su empresa conseguía una buena parte de los contratos de pequeñas obras municipales en Lugo. Tras declarar el martes ante la juez del caso Pokemon, quedó en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Según fuentes próximas al caso, Santiso, implicado también el caso Carioca, formaría junto con Reguera y Liñares el núcleo fundamental para poder desenmarañar los presuntos pagos y sobornos de la operación Pokemon.

. Demetrio Arias. Cuñado de Javier Reguera, al parecer participaba en la compraventa de fincas para obtener beneficios. Se sospecha que era una especie de testaferro de Liñares y Reguera.

. José María Tutor. Delegado de Vendex en Galicia. Se encuentra en libertad tras abonar una fianza de 4.000 euros. Fue uno de los primeros detenidos. Relató cómo su empresa pagaba a los políticos para obtener contratos. Era la persona que distribuía los paquetes de dinero. En su día fue uno de los síndicos que se encargaron de la quiebra de Rubber.

. Francisco Rodríguez Fernández. Alcalde de Ourense (PSOE) hasta el pasado jueves, cuando presentó su dimisión al quedarse sin apoyos, se encuentra en libertad bajo fianza de 6.000 euros, imputado por prevaricación y cohecho. Su negativa inicial a dimitir, contra el criterio de Pachi Vázquez y de Rubalcaba, facilitó que el caso Pokémon se convirtiese en tema estrella de la precampaña electoral gallega.

Nacido en Palmés (Ourense) en 1954, el hasta ahora regidor ourensano accedió a la alcaldía en 2007, con el apoyo del BNG, y fue uno de los escasos alcaldes socialistas en mejorar su número de concejales en las últimas elecciones municipales (2011). Profesor y director de instituto, inició su carrera política en 1983 como concejal de Educación en Ourense, procedente del sindicato FETE-UGT. Tras seis años como diputado en el Parlamento de Galicia, se alejó de la primera línea política y volvió de la mano de Pachi Vázquez como concejal de Cultura en O Carballiño (1999).

Su entorno le considera un hombre honrado, próximo, y en su carrera política ha mantenido un perfil bajo, a la sombra de Pachi Vázquez y del que fuera presidente del PSdeG-PSOE, el también ourensano Antonio Rodríguez. Enfrentado con anterioridad a Pachi Vázquez, se ha marchado acusando de traición a un sector de su partido. Su despedida fue un baño de masas al que no acudieron cuatro de sus ediles, afines a Vázquez. Aludió a las "imputaciones falsas de las que se me acusa sin pruebas", mientras sus simpatizantes, en claro desafío a la ejecutiva gallega del partido, le instaban en las redes sociales a "morir matando".

. Adolfo Gacio. Alcalde de Boqueixón (PP), dimitió -aunque permanece como concejal- tras ser detenido e imputado por prevaricación y cohecho. Está en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Gacio fue alcalde de Boqueixón, localidad de la comarca de Santiago, desde hace 21 años, y siempre con mayoría absoluta. En agosto anunció que dejaría la Alcaldía de Boqueixón por un cargo diplomático, una secretaría de la Embajada de España en Venezuela, un nombramiento que sólo estaba pendiente de publicación en el BOE. Tras su detención declaró a la prensa ser "moneda de cambio" para que hubiese un concello del PP implicado en la operación. Reconoció conocer a dos de los detenidos, Alberto Quintana (gerente de Sermasa, filial de Vendex) y José María Tutor (delegado de Vendex en Galicia), y haber recibido una caja de vino de Vendex por Navidad, pero negó haber cometido prevaricación ni cohecho.

Profesor de secundaria y diplomado en Geografía e Historia y Pedagogía, se comprometió a percibir como retribución del presupuesto municipal sólo el equivalente de su sueldo como docente. Fue uno de los primeros alcaldes gallegos en plantear una fusión, en este caso de Boqueixón (4.400 habitantes) con la limítrofe Santiago, lo que provocó el rechazo de numerosos vecinos. Su "padrino" político fue Romay Beccaría, y con anterioridad había sido vicepresidente de la Fegamp y diputado provincial

. Alberto Quintana Vilarelle. Gerente de Sermasa (una de las 30 filiales de Vendex) en Santiago. Imputado, fue detenido y puesto en libertad el pasado viernes 21 de septiembre. El alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, admitó haberle conocido a través del fútbol de veteranos, y que hace seis años se presentó en su concello con una propuesta. En la actualidad, Sermasa presta servicios de asistencia en el hogar en Boqueixón.

. Albelardo Ulloa. Jefe de la Policía Local de Ourense, fue detenido por tres agentes de Vigilancia Aduanera el pasado martes en su despacho, y tras prestar declaración como imputado, fue puesto en libertad bajo fianza de 5.000 euros.

Ulloa firmó en 2006, con el PP todavía en la Alcaldía de Ourense, el informe técnico decisivo para que la firma Doal, perteneciente a Vendex, se hiciese con el servicio de la grúa y la ORA en Ourense, en detrimento de Aparkisa. La empresa perdedora recurrió aquella adjudicación, acusando a Ulloa de valorar de forma injustificada la propuesta de Doal, pero perdió en primera instancia y decidió retirarse para evitar los gastos procesales.

Licenciado en Derecho, Ulloa, de 57 años, lleva un cuarto de siglo al frente de la Policía Local de Ourense, a cuya jefatura accedió como primero de una oposición para la plaza de jefe, cuando aún no era necesario ser policía para ejercer el mando. Su poder y su permanencia en el cargo -ha sobrevivido a cinco alcaldes- le asemejan a un John Edgar Hoover ourensano. Desde el "Pazo de Ulloa" dirigía una plantilla de 170 agentes y cobraba una de las nóminas municipales más elevadas. El actual bipartito fracasó en su intento de situar sobre él un cargo que controlase su gestión. Su conocido carácter reservado, que le ha llevado a no a asistir a actos con otras organizaciones policiales, no le ha impedido mantener una relación correcta con los cinco alcaldes con los que ha tenido que tratar.

. Fernando Varela. Concejal de Deportes, Vivienda pública y Rehabilitación del Ayuntamiento de Ourense, está imputado por cohecho y tráfico de influencias, y en libertad bajo una fianza de 3.000 euros. El edil del BNG dimitió de su acta de concejal apenas unas horas después de prestar declaración ante la juez. Varela niega haber recibido 6.000 euros de responsables de Vendex y se declara "totalmente inocente". En el anterior mandato desempeñó las funciones de responsable de Seguridad y era el superior político del jefe de la Policía local, Abelardo Ulloa, también detenido en la operación.

. Adrián Cordero. Delegado de Vendex en Ourense, estuvo detenido e incomunicado durante dos días en la Comisaría de Ourense, declaró como imputado y fue puesto en libertad.

. Román Otero. Funcionario del Concello de Santiago, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad tras declarar como imputado. Su domicilio fue registrado. Otero fue el testigo clave en otro caso de falsedad documental y prevaricación. Entonces (2009) avisó al Xosé Sánchez Bugallo, a la sazón alcalde de Santiago, de que la oferta de la empresa Montebalsa para una obra del Plan E había sido manipulada para conseguir la adjudicación. Bugallo denunció los hechos ante el juzgado y los funcionarios encargados de emitir los informes fueron condenados.

. Manuel Ángel Pico Yañéz. Concejal socialista de Cospeito (Lugo), prestó declaración como imputado por su condición de empresario y socio de la empresa de construcción Hermanos Pico Yáñez SL. Fue detenido el miércoles por agentes de Vigilancia Aduanera y su comparecencia ante la juez Pilar de Lara, que duró sólo una hora, se centró en unas obras ejecutadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Quedó en libertad sin fianza. El secretario de Organización del PSOE de Lugo, Juan Carlos González Santín, afirmó el pasado viernes que el partido estudiará la situación de Pico Yáñez, para ver si procede suspenderlo de militancia.

. Maribel Carrasco. Responsable de la gestión financiera de Vendex, el grupo empresarial que se encuentra en el centro de la operación Pokemon. Aunque su declaración ante la juez se prolongó hasta altas horas de la madrugada, quedó en libertad sin necesidad de fianza. Según su abogado, la detención de Maribel Carrasco se debió a una mala interpretación de los datos de la empresa, por lo que confía en que su causa será sobreseída.

. Daniel Corral. Policía jubilado de Lugo, quedó en libertad sin fianza el pasado martes tras pasar la noche en el calabozo declarando ante la juez De Lara. Entró en la Policía Local de Lugo en 1974 y se jubiló en marzo del 2009; sus últimas funciones fueron las de coordinador. Conocía perfectamente al grupo de Lugo que estaba en la trama pues en una declaración que efectuó en el marco de la operación Carioca reconoció que había comido con Francisco Fernández Liñares en un mesón de las afueras de la capital.

. Javier Anchelergues. Empresario vigués que tras declarar quedó en libertad con cargos. Desde 2009 dirige una constructora, entre cuyas contrataciones figura una obra en León adjudicada por la Confederación Hidrográfica Miño Sil por 12.000 euros, un tramo del AVE adjudicado por Fomento en octubre de 2011 en una UTE con Comsa (La Canda Vilavella) por más de 50 millones o un tramo del FEVE, también con Fomento; una obra por casi tres millones. Es dueño de la firma Anchelergues y Asociados SL, creada en 2009 y dedicada a la construcción, así como a la realización de actividades de urbanización y rehabilitación.

. Manuel Álvarez Martínez. Empresario vigués Manuel, exconsejero de la constructora Bruesa (grupo vasco que opera en toda España y con filial también en Galicia), fue detenido el jueves y está imputado por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Bruesa es la promotora que iba a construir una urbanización en la Plaza de España de Vigo, proyecto que no siguió adelante por falta de financiación. Álvarez Martínez, actual vocal de la Asociación de empresarios Aproin, fue consejero delegado de Bruesa en Galicia, constructora con base en San Sebastián y un negocio superior a los 500 millones anuales que está en concurso de acreedores desde febrero de 2011. En octubre de 2009, la Confederación Hidrográfica Miño Sil, cuyo expresidente es clave en esta red, adjudicó a Bruesa el proyecto del colector de saneamiento de La Malata, en Ferrol, por un total de 5,5 millones de euros. La firma Bruesa aparece vinculada al Ministerio de Fomento con varias contrataciones, sobre todo en los años 2009 y 2010, con adjudicaciones de autovías y tramos del AVE.

. Olga González / J. Daniel Blanco. Matrimonio de O Carballiño propietario de una sociedad que presta servicios en el sector forestal quedaron libres el jueves sin fianza e imputados por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Según fuentes de la investigación, los interrogatorios giraron en torno a obras contratadas por la Confederación Hidrográfica Miño Sil cuando era presidida por Francisco Fernández Liñares. Su empresa está dedicada a labores forestales, desde desbroces hasta saneamiento y, supuestamente, hubo regalos de por medio para conseguir contrataciones. La Confederación adjudicó a Forestación Curro SL un contrato por 227.000 euros para obras de mejora de capacidad hidráulica de desagüe mediante actuaciones sobre vegetación del cauce en ríos de Ourense y Pontevedra.

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