De las 221 construcciones demolidas en los últimos diez años en Galicia, el 70% se produjeron en la costa. Sanxenxo, O Grove, Bueu, San Cibrao, Cambre, Porto do Son, A Guarda y Foz son los municipios gallegos más conflictivos en materia urbanística según el número de derribos ejecutados. Fuera de la zona costera, las actuaciones de la APLU se concentran en municipios limítrofes de capitales como Lugo, Santiago o Ourense.

Antes de que una orden de demolición sea firme, el propietario suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance. - incluso una vez agotadas, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) debe seguir hasta 16 pasos -iniciar el expediente de contratación del derribo, encargar el proyecto de coordinación y seguridad, presentar la solicitud ante la autoridad judicial...- para poder ejecutar la demolición. Una vez que la Xunta emite una orden de derribo, son los propietarios los responsables de su ejecución. Pero si no acatan la orden, la ley permite imponer multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir.

Si tras siete apercibimientos por parte de la agencia, con sus correspondientes multas, el infractor no ejecuta la demolición ordenada la APLU se hará cargo de forma subsidiaria asumiendo todos los gastos, que podrá reclamar después al responsable.