Tan solo tres años después de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, las comunidades se muestran insatisfechas con su aplicación y reclaman al Gobierno un mejor modelo, aunque no todas con la misma insistencia ni con los mismos objetivos.

El propio Rajoy ha mostrado su compromiso de revisar el sistema. Pero no será a corto plazo. En estos momentos no toca ya que, según alega el Ejecutivo, hay cuestiones más inmediatas que resolver. Esta posición choca con algunas comunidades del PP como Murcia, Baleares o Valencia que reclaman un cambio urgente. Galicia, una de las más reivindicativas sobre el cambio de modelo, se ha sumado a las prioridades marcadas por el Gobierno de Rajoy y ya no ve tan urgente la reforma. Para la Xunta, lo importante ahora es cumplir el objetivo de déficit.

Esta reivindicación fue expresada de manera conjunta en la última Conferencia de Presidentes el pasado mes de octubre, cuya declaración final recoge que el sistema se evaluará en los plazos que marca la ley y que se estudiará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Pero por mucha prisa que tengan algunas, las comunidades deberán esperar unos años, seguramente hasta 2015, para moverse con un sistema de financiación distinto, según los pronósticos del catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio, quien augura que va a ser difícil resolver la "guerra" entre comunidades por los criterios que deben primar en el sistema. "Cada una tiene su memorial de agravios", reflexiona.

La situación económica y asuntos como la reclamación por parte de Cataluña del pacto fiscal provocan, según Rubio, que no sea lo más oportuno iniciar ya el debate sobre la financiación del Estado, una caja de pandora que en cualquier caso se va a abrir pronto, cuando en 2013 se evalúe la norma en los plazos que marca la ley.

Con el modelo aprobado en diciembre de 2009, se incrementó el porcentaje de cesión de impuestos del Estado a las comunidades y el Gobierno elevó a 11.700 millones los recursos adicionales frente a los 9.000 millones del sistema anterior, algo que sobre el papel tenía que revertir en más recursos para las comunidades y que todas estuviesen más cerca de la financiación media per cápita. En cambio, la aplicación ha resultado "poco transparente y desigual", según explica Juan José Rubio, para quien ha provocado que las comunidades que más aportan estén "maltratadas" porque, con la reasignación, reciben una cantidad per cápita que está por debajo de la media. Coincide con él el catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago Luis Caramés, quien cree que el sistema "no ha sido capaz de relacionar adecuadamente necesidades de gasto y necesidades de financiación", lo que desemboca en "situaciones casi grotescas y, desde luego, inequitativas".

Mientras que algunas autonomías insisten al Gobierno en la necesidad de cambiar el modelo de manera urgente, otras, como Castilla-La Mancha, dicen que quieren cambios pero comparten la llamada a la paciencia porque entienden que hay otras cuestiones prioritarias, informa Efe.

Galicia reclama un nuevo sistema que defienda la "igualdad de todos los ciudadanos" en el acceso a los servicios públicos y pide que se fije el reparto con criterios técnicos. A su juicio, debería tenerse en cuenta envejecimiento y la dispersión de la población y la emigración.

El Gobierno valenciano pedirá una revisión en el próximo CPFF, como han hecho ya en otras ocasiones, que "debe ir acompañada de medidas compensatorias y complementarias para que el déficit histórico de inversión del sector público estatal que se ha padecido deje de existir". Y, al igual que reclama Murcia, la Comunidad Valenciana insiste en la necesidad de que cambie el factor de población, dado que la no actualización ha provocado, según fuentes del Ejecutivo valenciano, que esté infrafinanciada.

Desde la Consejería madrileña de Economía esperan que el próximo CPFF "acuerde" el inicio de los trabajos en el Comité Técnico Permanente de Evaluación y que se corrijan los "errores de cálculo" por los que Madrid ha perdido 1.000 millones en las cuentas de 2013.

Baleares reclamará que el cambio incluya más margen de maniobra fiscal para las autonomías y que, cuando se suban los impuestos compartidos, las ganancias también repercutan en la Administración autonómica.

Canarias se considera a sí misma la comunidad más maltratada y ha pedido un calendario urgente de revisión porque, según recuerdan fuentes autonómicas, hay diferencias "abismales" que provocan desigualdades en la prestación de servicios básicos.

Castilla y León cree "necesaria" la reforma porque es el modelo es "claramente insuficiente" para cubrir el coste de los tres servicios públicos esenciales, y dicen que no tienen ninguna duda de que el Comité Permanente de Evaluación va a iniciar ya sus trabajos.

Aragón pide primero que se evalúe el sistema para saber qué funciona bien o mal, aunque, en caso de revisarse, defenderá que primen los criterios de despoblación, el envejecimiento y la dispersión

Cantabria sostiene que el actual modelo es "perfectamente viable" pese a no estar suficientemente dotado y aboga por que se revise en 2013, según el plazo previsto en la propia ley, y se abra un debate sobre los cambios que precisa .

Asturias aboga por someter a revisión el modelo "cuando corresponde" pero siempre "preservando la solidaridad interterritorial y garantizando la calidad homogénea de los servicios públicos".

Andalucía asegura que la solución no es abordar un cambio del modelo "sino que se aplique correctamente", para lo que antes "habría que evaluar y realizar un seguimiento del modelo y de sus resultados".