La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Colegio de Abogados de Ourense de proceder a la suspensión cautelar de la orden ministerial que regula el pago de las tasas judiciales, al considerar que supondría "prejuzgar el fondo del asunto" y por entender que esta medida "no causa para los recurrentes un perjuicio irreparable".
En un auto dictado ayer, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la suspensión cautelar que planteaba la entidad colegial ourensana -la primera en recurrir la aplicación de la ley impulsada por el Ministerio de Justicia- y, por lo tanto, las tasas seguirán cobrándose hasta que este tribunal haya decidido si se ajustan o no a derecho.
El proyecto promovido por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón implica una subida de las tasas en la presentación de recursos de entre 50 y 750 euros en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
En su escrito, los letrados ourensanos argumentaban que el denominado "tasazo" judicial supone "una violación del derecho a la tutela judicial efectiva", contemplado en el artículo 24 de la Constitución, y aseguraban que contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial".
