El caso Prestige ya tocó dos puertos judiciales. El primero fue al otro lado del Atlántico en un proceso iniciado en 2003 por el Gobierno español contra ABS y al que un tribunal de Nueva York dio el año pasado carpetazo al no apreciar indicios de que la clasificadora actuase de forma negligente al certificar apenas seis meses antes de la marea negra que el petrolero era apto para navegar. El segundo echó amarres hace tres meses en A Coruña con la apertura del juicio por la mayor marea negra de Europa. En este proceso se sientan en el banquillo los tres imputados: el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos. y el único cargo público imputado en la causa, el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors.

Tras el cierre del pleito en EEUU, los abogados de Mangouras y de Mare Shipping, propietaria del petrolero, han solicitado al tribunal que juzga el caso en A Coruña que incluya en autos los documentos aportados por las autoridades españolas en Nueva York. Entre ellos está la transcripción de la entrevista mantenida un año después de la catástrofe marítima entre López-Sors y las autoridades marítimas de Bahamas -el Estado que abandera el Prestige-, el resultado de las inspecciones al petrolero realizadas por la empresa SGS Tecnos en 2004 y el material de vídeo y audio sobre las misiones de reconocimientos del buque por Repsol y el batiscafo francés Nautilus 2003. De estos documentos, el tribunal solo aceptó la parte que afecta a las inmersiones en el pecio ya que consideran "muy relevante" las conclusiones que puedan arrojar a la parte pericial del proceso, que arranca el próximo 13 de febrero.

En la conversión que la Sala del tribunal rechazó que el Estado aportase a autos, López-Sors reconoce a su homólogo en Bahamas, John Mervyn Hones, que la decisión de alejar el petrolero -orden que él asumió haber dado en solitario, exculpando de cualquier responsabilidad al entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos- la tomó con "los ojos cerrados".

La tesis defendida entonces por López-Sors difiere de la expuesta durante su declaración hace dos meses ante el tribunal que juzga el caso en A Coruña. El pasado mes de noviembre aseguró que su departamento disponía de todos los datos necesarios para ordenar el alejamiento del barco de la costa. El petrolero vertía, tenía el costado dañado, corría el riesgo de partirse en dos y además la legislación vigente le impedía llevar a un petrolero en esas condiciones a puerto, según defendió él. "No sé si volvería a tomar esa decisión", reconoció a su homólogo de Bahamas.

De estas conversaciones se desprende que Fomento realizaba en 2003 inspecciones del pecio hundido con el objetivo de "saber la verdad" de lo ocurrido, tal y como reconoce López-Sors a su homólogo en Bahamas. Por este motivo, la defensa de Mangouras reclama las conclusiones de esas inmersiones.

En la transcripción de esa conversación, López-Sors también pone de manifiesto la confianza que tenía durante la gestión de la catástrofe en que el fuel se solidificaría en el fondo del mar ya que les habían dicho que este proceso se produciría a una temperatura de tres grados. "A nosotros como país se nos miente (...). ¿Por qué no se nos cuenta la verdad de las cosas?", lamenta el entonces director de la Marina Mercante en la reunión con su homólogo en Bahamas un año después de la marea negra.