El Ministerio de Hacienda se está dando prisa en poner en práctica el plan especial para hacer aflorar, y en consecuencia cobrar los tributos pertinentes, los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que bien no están declarados ante el Catastro o tienen una contribución que no se ajusta a su naturaleza. Se trata de un proceso de regularización extraordinario que se aprobó el pasado mes de diciembre en la ley que acompaña a los presupuestos del Estado y que tendrá especial incidencia en Galicia y Andalucía por su modelo urbanístico y por su dispersión de las edificaciones. Tres meses después de su aprobación, Hacienda ya tiene el cronograma preparado y ha iniciado el proceso de selección de los primeros ayuntamientos de la comunidad gallega para comenzar en el mes de septiembre con este rastreo a la búsqueda de bienes inmuebles "ocultos".

El plan de regularización catastral se desarrollará en cuatro años y la previsión es que del "peinado" no se libre ningún ayuntamiento. Pero irá por fases para no colapsar el servicio. El proceso de selección de los primeros municipios afectados ya está en marcha, aunque con criterios que el Catastro no ha desvelado. El objetivo es que la lista de los primeros ayuntamientos que serán revisados se publique en el Boletín Oficial del Estado en el verano, para ya en septiembre iniciar el trabajo de campo, de cuya tarea se encargarán empresas locales por su conocimiento del terreno y para dar mayor agilidad. Se calcula que en un plazo de entre seis y ocho meses, este "peinado" que comenzará en septiembre esté concluido, con lo que Hacienda ya tendrá todos los datos en su mano para aplicar a estos bienes que afloren un IBI acorde a su naturaleza y superficie real.

Esta medida tiene como objeto luchar contra el fraude fiscal e incorporar a la nómina de contribuyentes a todos los dueños de estas propiedades que figuran en el limbo con apariencia de legalidad, pero por las que no pagan el IBI que le corresponde.

Aunque el plan afectará a toda España, tendrá especial incidencia en Galicia y Andalucía por compartir un mismo modelo de asentamiento humano muy diseminado y gran cantidad de construcciones dispersas por toda la geografía, con el agravante de que en la comunidad gallega son numerosos los ayuntamientos que no tienen al día sus catastros, tanto por obra de nueva edificación como por reformas de ampliación de las ya existentes. Por ello, además del trabajo de campo, el Catastro pedirá a los ayuntamientos toda la documentación lo más actualizada posible.

Sin poder poner cifras al alcance de esta regulación -no se trata de una revisión por no implicar una subida impositiva-, Hacienda quiere registrar todos los bienes inmuebles omitidos en la base de datos catastral y además todas las alteraciones introducidas en los mismos, como rehabilitaciones, mejoras o ampliaciones, por las que sus dueños no están tributando. Por ejemplo, que a una casa se le añada un garaje o un porche, o que en sus inmediaciones se levante una estancia adicional para servir como cenador o que se amplíe una nave de uso agrícola o ganadero. Hacienda sostiene que incluso hay viviendas, especialmente de carácter unifamiliares, que tampoco están dadas de alta en el catastro.

No se cobrará por una sanción por cada bien "oculto" que se detecte ni por la ampliación de su superficie, pero se exigirá la tributación de los últimos cuatro años conforme a la base liquidable fijada por el catastro. En todo caso, por cada inmueble que aparezca o se le cambie su categoría en este proceso de regularización, el propietario tendrá que abonar una tasa de 60 euros.