En la localidad lucense de Friol se festeja cada año la Feria del queso y del pan de Ousá en la que los visitantes pueden degustar unos 9.000 productos artesanales. En la última edición celebrada el mes pasado, los comerciantes se vieron sorprendidos por inspectores del Ministerio de Trabajo que abrieron expedientes sancionadores a varios de los puestos porque tanto empresarios como empleados que trabajaban en el mercado se encontraban en situación irregular, según confirman algunos sindicatos agrarios.

Fuentes de las organizaciones consultadas señalan que hubo "una redada importante" en todo tipo de comercios "tanto en los permanentes como en los puntuales". Pocos se salvaron de las inspecciones y las sanciones afectaron a pulperías, puestos de productos agroganaderos y atracciones de feria. Todas las multas impuestas -aseguran- estaban relacionadas con casos de economía sumergida debido a que los empleados de los comercios o no estaban dados de alta en la Seguridad Social o estaban atendiendo los puestos y al mismo tiempo cobrando la prestación por desempleo. Los inspectores también aplicaron sanciones a mercados sin licencia por hacer competencia desleal.

Desde el departamento estatal que se encarga de llevar a cabo las inspecciones en materia laboral descartan que haya un repunte de la vigilancia debido a la crisis y explican que los registros obedecen a los procedimientos habituales para vigilar el fraude fiscal. Los sindicatos agrarios, por el contrario, afirman que "la necesidad de obtener fondos" en el actual contexto de recesión puede suponer un aumento de los controles por parte de los inspectores en las ferias.

Agricultores y ganaderos coinciden en que es necesario perseguir el incumplimiento de la normativa fiscal en todos los ámbitos, pero critican que las inspecciones se ceben con los pequeños productores en eventos puntuales como las ferias. Creen que si los controles comienzan a centrarse en el comercio local y ambulante lo único que se conseguirá será poner en peligro la continuidad de las ferias y mercados rurales en los que los particulares aprovechan para vender sus excedentes de producción. "Los fraudes millonarios están en las grandes empresas y no en las ferias", afirman los sindicatos porque consideran que gastar dinero en inspectores para vigilar las ferias no compensa el volumen de irregularidades que pueden registrarse en estos eventos.

"Hasta ahora en los mercados artesanales se hacía bastante la vista gorda y se miraba para otro lado y está claro que la Administración tiene que regular pero sin ocasionar un trastorno grave a los feriantes", señalan los productores, aunque añaden que a algunos no les compensa tener al día todos los trámites burocráticos "para poder vender una decena de quesos un día de feria".

Las inspecciones laborales son competencia del Ejecutivo central, pero desde la Xunta también trabajan en la regularización de las ferias y preparan un nuevo decreto que suavizará los requisitos de los productores para vender sus productos sin la obligación de inscribirse en el Registro sanitario industrial, que les exige tener unas instalaciones similares a una industria. Hasta ahora el hecho de tener que realizar una inversión tan grande para comercializar una cantidad pequeña empujaba a parte de agricultores y ganaderos a acudir a los mercados saltándose los cauces legales.