El Prestige tiño de negro casi 3.000 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño hasta el Atlántico francés. Y con ellos, las más de 66.000 toneladas de fuel vertidas por el viejo petrolero arrastraron a miles de pescadores, marineros y armadores. Las subvenciones de la Administración y los donativos se convirtieron en la única salida a la mayor catástrofe ambiental de la historia en Europa. Pero no todas las ayudas privadas recaudadas llegaron a su destino. Al menos 80 millones que el entonces presidente de la Federación Galega de Cofradías, Evaristo Lareo, debía haber repartido entre unas 36.000 familias afectadas por la marea negra, según consta la denuncia que ya en 2010 presentó un particular ante la Fiscalía de A Coruña y el Tribunal de Cuentas.
Más de dos años después de las primeras diligencias, archivadas en enero de 2012 por el juzgado de Instrucción número 5 de Carballo, y tras las dos interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción en febrero y marzo de este año, Izquierda Unida lleva al Congreso este asunto. Y lo hace para pedir al Gobierno que promueva una investigación que esclarezca el fin de estas ayudas. Aunque IU ya ha sacado conclusiones. "Una parte de este dinero podría tener relación con la trama Gürtel y Bárcenas como receptores de las ayudas destinadas a los damnificados por la catástrofe del Prestige, ya que coincide de forma asombrosa en las fechas y movimientos con los trasiegos de dinero por Pablo Crespo (exsecretario de Organización del PP gallego) al Partido Popular", sostiene el diputado de IU Gaspar Llamazares en la pregunta escrita presentada en la Cámara baja. "Estos hechos -advierte- podrían constituir delitos de apropiación indebida, administración desleal y fraude de subvenciones y ayudas". El grupo parlamentario de IU se propone saber si el Gobierno conocía el destino de los 80 millones de ayudas recaudadas tras el hundimiento del Prestige, gestionadas por entidades "bajo el protectorado directo de la Consellería de Medio Rural e Mar". Estos donativos fueron a parar a una cuenta abierta en el BBVA de Santiago de Compostela para la Comisión de Afectados Por la Catástrofe, cuya titularidad y firma, según recoge el escrito de IU, correspondía a Evaristo Lareo.
Entre la batería de preguntas presentadas por Llamazares, hay una dirigida a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de A Coruña referidas a su negativa a investigar las cuentas que constan en las denuncias presentadas por el ahora presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Miguel Delgado.
Entre los donativos de los que a día nada se sabe de su paradero, figuran los recaudados en la gala Galicia somos todos, emitida en directo por TVE en diciembre de 2002, un mes después del hundimiento del Prestige. Multitud de ayuntamientos y comunidades también contribuyeron con ayudas para los damnificados, entre ellos los de Muxía (6.000 euros), Alcorcón (6.000 euros), La Oliva (60.000), Lorca (6.000) Ordizia (1.800), Pájara (Fuerteventrua, 90.000), Teruel (6.000) y las comunidades autónomas de La Rioja (300.000 euros) y Castilla y León (3 millones).
En las denuncias presentadas ante la Fiscalía de A Coruña y el Tribunal de Cuentas, Miguel Delgado apunta a Lareo como responsable del desvío de los fondos obtenidos de ayudas benéficas por parte de entidades privadas a la excomisión del Prestige, al frente de la que se encontraba entonces. Una vez disuelta la comisión, el denunciante señala que el también patrón maior de la Cofradía de Caión trasladó los bienes a la Fundación Océano Vivo, una entidad que fue fundada en el año 2003, presidida por él y encargada de llevar a cabo tareas de recuperación del ecosistema marino.
