El principal motivo por el que el PSOE rechaza la reforma local propuesta por Hacienda se confirma: la privatización de los servicios municipales. El departamento que dirige Cristóbal Montoro recoge en el borrador del texto la entrada de la iniciativa privada en los ayuntamientos para gestionar una prestación dentro del denominado coste estándar que fijará el Gobierno. Esta privatización de los servicios municipales es avalada por la Comisión Nacional de Competencia (CNC). En su informe sobre el anteproyecto de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, el organismo presidido por Joaquín García Bernaldo, concluye que el nuevo mapa competencial de la Administración local debe favorecer más la privatización de servicios municipales e impulsar procesos de selección que apuesten por la concurrencia empresarial.
Entre las prestaciones que deberían ser privatizadas, según cita, está el transporte urbano de viajeros, la recogida y tratamiento de basura o los servicios de abastecimiento y depuración de aguas.
Para la CNC, el hecho de Hacienda mantenga reserva legal a favor de los concellos en estas tres prestaciones debería "compatibilizarse con el fomento de la competencia efectiva" ya que -aduce- es una oportunidad difícilmente repetible para potenciar la racionalidad y diversos elementos favorecedores de la competencia efectiva en las decisiones económicas de las entidades locales". De esta manera, Competencia recomienda que se valore "periódicamente" la "conveniencia" de mantener la reserva legal de estos servicios a favor de los ayuntamientos. La propuesta de la CNC pasa por que la nueva Ley de Bases del Régimen Local establezca que los ayuntamientos opten por ceder a la iniciativa privada un servicio cuando hay un número de empresas interesadas en prestar el servicio, un grado de competencia efectiva entre ellas o una escasa importancia de costes de entrada.
"Esta opción es preferible para la competencia y la eficiencia (en la prestación de un servicio) frente a la constitución de entidades instrumentales públicas o mixtas", argumenta Competencia. "Solo ante la constatación -concluye- de que no existen alternativas menos restrictivas de la competencia para conseguir el fin perseguido se debería instrumentar la participación activa de los entes locales como prestadores de estos servicios".
