Galicia no es una isla en el mar de corrupción que salpica a decenas de ayuntamientos en España con un total de 1.661 casos de corrupción abiertos en los juzgados del país. Operación Campeón, Orquesta, Pokemon, Manga, Caballo de Troya o Arena son las tramas más recientes que sacaron a la palestra a alcaldes, concejales, empresarios, funcionarios e incluso exministros. En Galicia, la Justicia tiene abiertos un total de 95 procesos por corrupción política o económica, según un informe divulgado ayer por el Consejo General del Poder Judicial. Un balance que sitúa a la comunidad gallega como la sexta en el país -por detrás de Andalucía (541), Comunidad Valenciana (200), Madrid (153), Canarias (149) y Cataluña (126)-con más investigaciones abiertas por malversación, prevaricación tráfico de influencias o cohecho.
El presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dio cuenta ayer al pleno del órgano de gobierno de los jueces de un informe que entiende que hay que dotar con 64 jueces de apoyo, 18 secretarios y 150 funcionarios a algunos de los 798 juzgados que tramitan en este momento en España causas de corrupción política o financiera o macroprocesos. Por encargo de Moliner, también presidente del Supremo, los servicios de inspección del Poder Judicial han elaborado un estudio sobre los juzgados que investigan causas de especial complejidad, como el caso Prestige, con más de 300.000 folios de sumario y más de 2.000 partes personadas. El informe detecta que 798 juzgados y tribunales en España -34 de ellos en Galicia- acumulan un total de 2.173 procedimientos "de especial complejidad" -110 en la comunidad gallega-. De ellos, 1.661 (95 en Galicia) son causas de corrupción política o financiera. Y otras 512 (15 en los juzgados gallegos), "macroprocesos" como el juicio del Prestige que comenzó el pasado mes de noviembre en A Coruña o casos relacionados con el narcotráfico.
Los 95 casos de corrupción política y económica investigados en Galicia son por delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. El informe no especifica en cuantas de esas causas hay incursos políticos y excluye los asuntos que se tramitan en el Tribunal Supremo. El servicio de inspección del CGPJ encargado de la elaboración del informe sobre el estado de los juzgados del país ha detectado que una parte importante en la responsabilidad de los retrasos en investigaciones de la corrupción podría corresponder a las unidades policiales especializadas (Unidad de Delitos Económicos y Financieros y Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) y a la Agencia Tributaria. En este mismo sentido, entre las peticiones que propone la inspección del Poder Judicial están la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional (que se ocupa de 91 causas complejas en sus seis juzgados centrales, 14 relacionadas con la corrupción), similar a la que ya trabaja en la Fiscalía Anticorrupción.
