El Parlamento gallego volvió ayer otra jornada de expulsiones. La presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, ordenó ayer el desalojo, en la sesión vespertina, de unas quince mujeres que protestaron contra la reforma de la ley del aborto que promueve el Ministerio de Justicia. En la Cámara autonómica se estaba discutiendo en ese momento una proposición no de ley presentada conjuntamente por los tres grupos de la oposición para mostrar su rechazo a las modificaciones propuestas por Justicia. Sin embargo, no salió adelante la iniciativa porque el PP sí ve "motivos suficientes" para cambiar la norma.

Ataviadas con camisetas violeta y con consignas de Aborto libre y gratuito, las mujeres lanzaron confeti en el hemiciclo gallego desde la tribuna de invitados para exigir que la actual normativa no se modifique. Acto seguido, fueron expulsadas, si bien el debate prosiguió con intervenciones duras.

La sesión de ayer, en todo caso, recuperó la normalidad en el cara a cara que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los grupos de la oposición. Por primera vez en meses, el debate discurrió según los cánones que deben marcan la práctica parlamentaria. No hubo descalificaciones de calibre grueso ni insultos, aunque tres diputados fueron llamados al orden.

Fue durante este careo, a una pregunta viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, en el que el titular del Ejecutivo autonómico anunció que la Xunta no autorizará la mina de feldespato de Xinzo de Limia (Ourense) porque no cumple las normas en vigor y afecta además a 246 explotaciones agrarias, si bien no se opone a que continúe la de Corcoesto (A Coruña) siempre que cumpla con la legalidad. Yolanda Díaz había asegurado que la Xunta "prostituye" Galicia y que su política económica es la entregar el país a trozos a las multinacionales y envenenar la tierra para que otros saquen beneficio.

Feijóo recordó a la oposición que en la comunidad gallega unas 7.000 familias viven de la minería, por lo que este sector contará con la "protección" de la Xunta y que las empresas que cumplan con la legislación "siempre tendrán las puertas abiertas".

También en el pleno, en el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, defendió el canon del agua como garantía de mejora ambiental, y que la prueba es que entre 2013 y 2015 se destinarán 56 millones de euros del canon a la financiación conjunta de grandes obras del Estado en las que aporta fondos europeos, como las depuradoras de Santiago, Ourense y Vigo.

La continuidad de Ence en la ría de Pontevedra también volvió al Parlamento. El BNG reclamó a la Xunta que cambie la redacción del Plan de Ordenación del Litoral (POL) de forma que se deje claro que la permanencia máxima de la fábrica de pasta de papel en su actual ubicación concluye el 31 de julio de 2018, fecha de expiración de la actual concesión. Pero el PP rechazó introducir cambios en el documento. Su viceportavoz, Román Rodríguez, advirtió que de aceptar el cambio tal como lo propuso el BNG se impediría que Ence pudiese permanecer, no solo en su actual localización, sino también en toda la comarca de Pontevedra.