El contrato para construir un buque hotel de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el astillero público de Navantia en Ferrol sigue pendiente de una decisión política. El Gobierno de Enrique Peña Nieto reclama al Ejecutivo español una serie de contraprestaciones políticas relacionadas con empresas nacionales con intereses en el mercado azteca para desbloquear el acuerdo entre Pemex y Navantia, hoy por hoy la única salida que tienen los astilleros de Ferrol y Fene para mantener su actividad.
La dimisión del consejero delegado de Navantia la pasada semana arroja nuevas dudas respecto al futuro del constructor naval público español y sobre el apoyo de la Administración.
Pemex firmó en septiembre de 2012 dos contratos para la construcción de sendos floteles en Galicia: uno en Navantia-Ferrol y otro en Hijos de J. Barreras , por un montante de 145 millones de euros cada uno. Desde entonces, en el caso del astillero vigués se ha caminado hacia un acuerdo más amplio que supondrá la toma del 51% del capital de la sociedad por parte de la petrolera mexicana, lo que evitará la necesidad de acudir a licitaciones internacionales para adjudicar el flotel. Pero en el caso de Navantia apenas han trascendido avances.
Fuentes conocedoras de las negociaciones recogidas por El Confidencial explican que México sigue pendiente de que el Gobierno acceda a otras "misteriosas condiciones políticas" relacionadas con otras empresas españolas privadas con intereses en país azteca "que no se han cumplido", sin especificar de cuáles se trata. Lo que está claro es que este contrato es el único que a corto plazo puede asegurar la supervivencia del astillero.
El presidente del comité de empresa de Navantia reconoció recientemente que según "filtraciones" y "conversaciones extraoficiales" el protocolo firmado entre el astillero ferrolano y Pemex recoge que el próximo 30 de junio expira el plazo acordado para confirmar la construcción del barco.
El desasosiego que sufre la plantilla de Navantia se ha acentuado en los últimos días después de la dimisión de su consejero delegado, Jaime de Rábago, por razones "personales". Otras fuentes apuntan a la división interna dentro de la compañía, la falta de carga de trabajo y de apoyo por parte del Ejecutivo.
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, interpretó ayer que la dimisión de Rábago forma parte de una "estrategia interna" de la empresa pública y advirtió de que la decisión "no debe desviar el principal objetivo que tiene Navantia de incrementar su cartera de pedidos". El PSOE corresponsabilizó a la Xunta de la situación de Navantia porque consideran que al utilizar los posibles pedidos para hacer "autopropaganda", está asumiendo parte de la responsabilidad.
