Lo pudo haber dicho más alto, pero no más claro. El día en que el juicio del Prestige quedó visto para sentencia, el presidente del tribunal que juzga la mayor marea negra en Europa, Juan Luis Pía, asumió la tesis del banquillo vacío. A las voces que en los últimos años se alzaron por la ausencia en el proceso de más responsables se sumó ayer la del juez de la Audiencia de A Coruña, quien reconoció que "hay más implicados" que los que han sido juzgados en el proceso, el mayor de la historia de Galicia y uno de los más importantes de Europa. Desde que en octubre del año pasado comenzó el juicio en Expocoruña, los tres imputados -el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; su jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y el entonces director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors- compartieron más de 400 horas de juicio y un total de 89 sesiones. Ninguno de los tres acusados, que superan los 70 años, irá a prisión aunque sean condenados, ya que tanto el fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, como los letrados de diversas acusaciones particulares así lo han solicitado.

Tras concluir la última sesión del juicio, cuya veredicto estará en 15 días pero que no se hará público hasta el mes de noviembre, el presidente del tribunal que juzga el caso Prestige dijo "echar de menos a más implicados". Sin dar nombres ni mencionar cargos, Juan Luis Pía fue tajante. "Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos", sentenció el titular de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña al referirse al entorno del petrolero. Desde que se produjo el accidente del Prestige, plataformas como Nunca Máis, partidos políticos, grupos ecologistas y distintos sectores sociales salieron a la calle en protesta por un "juicio ejemplar" que sentase en el banquillo a ministros del Gobierno de Aznar y al propio expresidente por la gestión de la catástrofe medioambiental.

Sobre los continuos retrasos en la celebración del juicio, que demoraron su inicio al décimo aniversario de la catástrofe, Pía calificó de "barbaridad" mezclar en el mismo proceso "lo penal y lo civil" y destacó que si se hubiese separado lo penal "hace ya mucho tiempo que se habría celebrado". Además, reconoció que el juicio emprendido en EEUU por España en el que fue absuelta ABS, la clasificadora que certificó que el Prestige era apto para navegar, ha "perjudicado enormemente" el proceso seguido en la Audiencia de A Coruña.

Con la vista puesta ya en la sentencia, que se hará pública en noviembre aunque confía en tener el veredicto listo en un plazo de 15 días, el magistrado explicó que en el fallo se valorarán los hechos "probados" y se juzgarán las responsabilidades penales de los acusados. "Será comprensible", respondió Pía sobre la sentencia que asume será recurrida ante el Tribunal Supremo.

El presidente del tribunal del Prestige tampoco tuvo reparo alguno al manifestar su "extrañeza" por el hecho de que el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, mantuviera su petición de 12 años de prisión para el capitán del petrolero y al mismo tiempo reclamara que no pasase ni un día más en prisión. "Es raro; es la primera vez que lo veo", concluyó.

Horas antes de que Juan Luis Pía analizase el juicio del Prestige en declaraciones a los medios, arrancaba la última sesión del macroproceso. Con la exposición de conclusiones por parte de la abogada del entonces director de la Marina Mercante y la intervención de los tres imputados en la causa, el Prestige cerraba una travesía judicial de casi nueve meses.

En su último turno de palabra, el capitán del Prestige quiso agradecer la "diligencia" del tribunal y "las muestras de apoyo por parte del pueblo de Galicia". Más allá fue el jefe de máquinas, quien además de valorar el "impecable" desarrollo del proceso judicial pidió "perdón al pueblo de Galicia" por los daños sufridos a causa de la marea negra. Por su parte, López-Sors, el único cargo de la Administración española imputado, se limitó a agradecer el desarrollo del juicio y el trabajo de su abogada, Consuelo Castro.