Malestar e incredulidad en el estrado del juicio del Prestige por las conclusiones del juez del caso, Juan Luis Pía, sobre las ausencias en el banquillo y la apuesta por separar las responsabilidades civiles y penales. El mismo día en que quedó vista para sentencia la mayor marea negra de Europa, el presidente del tribunal y titular de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confesó que "hay más implicados que los juzgados", consideró que es "obvio" que hay más responsables, "políticos y no políticos", y calificó de "barbaridad" que se mezclase en el mismo proceso "lo penal y lo civil". Sus reflexiones causaron "estupor" entre los abogados personados, según reconocieron ayer a este periódico.
"¿Quién es el responsable de que no haya más cargos públicos o no esté por ejemplo ABS en este juicio?". A la pregunta que se hacen varios letrados responden ellos mismos con autos dictados por la propia Audiencia de A Coruña en los que limitaron las responsabilidad es del Estado al entonces director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, y rehusaron ampliar la querella de Nunca Máis contra ABS, la clasificadora que meses antes del accidente del Prestige avaló que el petrolero era apto para navegar.
"Es una salida de tono por parte del presidente del tribunal. Si hace estos comentarios debería dar la información completa y contar los antecedentes. Si no hay más implicados en el banquillo, es porque la Audiencia de A Coruña lo ha legitimado", sentencia uno de los letrados del caso Prestige. "Los imputados son los que son gracias a la propia Audiencia Provincial", añade otro abogado. "Fue ella misma -coincide otro- la que vetó más imputaciones".
Desde la Xunta, el vicepresidente, Alfonso Rueda, se limitó a destacar el "esfuerzo" del Gobierno gallego al habilitar los medios técnicos precisos para el juicio, a lo que añadió que "lo demás es un asunto judicial". "Quien lo dice sabrá por qué", se limitó a decir el número dos del Ejecutivo autonómico sobre las ausencias cuestionadas por el juez del Prestige.
La censura de los abogados del Prestige no se limitó al banquillo casi vacío cuestionado por Pía, sino que también calificaron de "burrada" su apuesta por separar la parte penal y civil de este proceso. Según advierten, esto daría lugar a que "salvo que seas Amancio Ortega, nadie puede permitirse presentar por lo civil una demanda contra los posibles responsables".
"Pagar tasas, conseguir pruebas del extranjero, sufragar el coste de las periciales... ¿Quién está en condiciones de hacerlo? A la vía civil no habría nadie que podría reclamar", concluyen. Estas "mayores dificultades" de los afectados para reclamar sus daños y perjuicios -advierten los letrados- supondría "barra libre para el tráfico internacional de buques contaminantes por delante de nuestras costas, quedando impunes conductas como las que en el juicio del Prestige se están dilucidando".
