Ni calidad de servicios ni ahorro para las arcas públicas. Todo lo contrario supondrá la reforma local diseñada por el Ministerio de Hacienda. Las conclusiones a las que llega el PSOE después de analizar el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, nada tienen que ver con las estimaciones del Gobierno: 8.024 millones de ahorro entre 2014 y 2019. Los socialistas advierten de que la reforma aumentará las duplicidades, mermará la calidad de los servicios y acarreará la destrucción de casi la mitad de los casi 550.000 empleados que trabajan en los entes locales en España -unos 27.000 en Galicia-. "El efecto será demoledor", sentencia el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Para el PSOE, que ya ha iniciado conversaciones con CiU y PNV con vistas a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía municipal, calcula que la reforma local provocará el despido de unos 250.000 empleados en la administración local, casi la mitad de los aproximadamente 550.000 que hay en las entidades locales en España -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares-. Una estimación que en el caso de Galicia se traduciría en la desaparición de unos 13.000 puestos de los 26.800 de la plantilla municipal.

Para los socialistas, la versión definitiva de la reforma local no garantiza unos servicios municipales a menor coste ni serán más eficientes. Todo lo contrario. Según auguran, traerá consigo "carestía y baja calidad". La única salida para el PSOE, es que el Gobierno meta la reforma local en el cajón. De lo contrario llevarán la ley al Tribunal Constitucional. Los socialistas gobiernan en un número suficiente de ayuntamientos para poder cumplir por sí solos con uno de los requisitos exigidos (la firma de la séptima parte de los municipios) pero necesita del apoyo de CiU y PNV para cumplir el otro requisito: la firma de ayuntamientos que representen la sexta parte del conjunto de la población (7,8 millones de habitantes).

No será hasta 2015 cuando se logre el grueso del ahorro que el Gobierno de Rajoy espera conseguir con la reforma de la administración local. En concreto, el 64% del total. Dentro de dos años, se logrará reducir el desembolso de los ayuntamientos en 5.127 millones a través del traspaso de las competencias impropias -sanidad y educación- a las comunidades autónomas, la reducción del sector público local y de la gestión de servicios municipales por parte de las diputaciones. Así figura en la memoria económica del proyecto de ley, que el Ejecutivo espera aprobar este año y que entre en vigor a principios de 2014. En el caso de Galicia, el traspaso de los gastos de mantenimiento de colegios y centros de salud junto con la cesión de servicios sociales costará a la Xunta unos 300 millones anuales, un desembolso que hasta la fecha sale de las arcas municipales.

Según la memoria económica de la reforma local, casi la mitad del ahorro previsto (en concreto un 46,55%) procede de las competencias impropias. Hacienda considera que el ahorro en gastos de centros escolares y ambulatorios se producirá en los dos primeros años de aplicación de la ley (2014-2016) y que se elevará a los 3,7 millones. En 2014, el gasto se reduciría en 1.145 millones (14,27%) del total, en 2015, en 5.127 millones (63,9%), y en 2016, en 1.111 millones (13,85%).

Por detrás del traspaso de competencias impropias, el segundo mayor ahorro procedería de la gestión integrada de servicios básicos e incluso la fusión, con un descenso estimado en los gastos de los ayuntamientos de casi 2.000 millones (el 24,56% del total). Un ahorro que se conseguiría, según Hacienda, de las fusiones voluntarias de los municipios -posibilidad que recoge la reforma- así como de la opción de que los consistorios puedan mancomunar la gestión de servicios sin que se tengan que transferir a las diputaciones.