La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) aprobó ayer las enmiendas que presentará a la reforma local del Gobierno central en una reunión en la que la comisión ejecutiva ratificó su rechazo a la propuesta por saltarse "las líneas rojas" que el órgano había trazado. El presidente del ente supramunicipal, José Manuel Rey Varela, explicó que el acuerdo "no entiende de colores políticos" sino que obedece a "una inquietud de todos los alcaldes, sobre todo de municipios pequeños, ante la pérdida de servicios de sus vecinos".
Esta "unanimidad" se produce después de que alcaldes lucenses que formaron un frente crítico con la postura "tibia" de la Fegamp llegasen a un punto común que no es otro que el rechazo a la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que se encuentra en trámite parlamentario. En este sentido, Rey Varela insistió en que "la fuerza del municipalismo radica en la unidad de acción y esa tiene que ser la única hoja de ruta". De hecho, los alcaldes tendrán la oportunidad de alzar su voz para compartir sus críticas al proyecto del Ejecutivo central en la asamblea extraordinaria que se celebrará el próximo 11 de octubre.
Para esas fechas, la Fegamp ya habrá enviado sus enmiendas a la reforma, ya que el plazo de presentación termina el próximo martes. En este caso no se trata de críticas a nivel general que ya presentó en febrero tras conocerse el anteproyecto de ley sino que irán "más al detalle" a artículos concretos de la propuesta gubernamental.
Entre las medidas del texto a las que se oponen los concellos gallegos se incluye el refuerzo del papel de las diputaciones en detrimento de los municipios de menos de 20.000 vecinos -el 93% de los que hay en Galicia- al permitir la opción de que los entes provinciales asuman los servicios de ayuntamientos que no superen un determinado coste efectivo. Para el alcalde de Allariz y representante del BNG en la ejecutiva de la Fegamp, Francisco García, a las diputaciones "se les otorga capacidad para interferir y fiscalizar las competencias municipales mientras que a los concellos se les vacía de funciones".
El traspaso de los servicios sociales a las autonomías y que por el contrario los ayuntamientos tengan que hacer frente a las competencias educativas y no lo hagan las comunidades son otros de los artículos del documento con los que el ente que dirige Rey Varela está en desacuerdo. La Fegamp denuncia además un aumento de la "intervención" en la Administración local por otras instituciones tal y como establece el proyecto estatal. Según García, esta medida tendrá como principal consecuencia "un recorte de los servicios básicos que los concellos ofrecen a los ciudadanos en áreas clave como la social o la sanitaria".
De la reforma local también habló ayer en el Congreso, el diputado del PSOE José Rangel, quien mostró su deseo de que la norma acabe con "las continuas amenazas" hacia los ayuntamientos y destine suficientes recursos para que puedan prestar servicios de calidad.
