Los empleados públicos entregaron ayer en la Xunta, coincidiendo con la aprobación del anteproyecto de presupuestos, unas 8.000 firmas para rechazar las "medidas agresivas" contra los funcionarios, que están provocando "el declive y desaparición" de los servicios públicos.
La portavoz de la Plataforma Galega en Defensa dos Servizos Públicos y coordinadora del área pública de la CIG, Carme López Santamariña, explicó que la entrega de firmas, que van dirigidas al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, forma parte de la campaña de los empleados públicos para denunciar los recortes aplicados en materia de función pública y en los servicios.
Dentro de esta plataforma están representados todos los sectores de la administración, apuntó Santamariña, que indicó que están "intentado", aunque no han logrado que "la administración" les "escuche", que el Gobierno "se siente a negociar que no desaparezcan los servicios públicos". Su "supervivencia", destacó, es "imprescindible", no solo para los funcionarios, que tienen "unas cargas de trabajo abusivas", sino para evitar la desaparición de los servicios a los ciudadanos.
En 2014, denunció, las cuentas públicas recogerán "medidas continuistas y agresivas" respecto a las condiciones laborales de los empleados públicos y a la economía. "Tenemos que recordar que Galicia es una de las pocas comunidades que nos tiene aplicada una ley de medidas con condiciones muy agresivas, con recorte de todos nuestros derechos", criticó. Además, recriminó que se mantiene la medida de abonar solo el 60% de las pagas extra, lo que representa "una rebaja de entre el 4 y el 6% de los salarios".
"Nos parece inadmisible que se vuelva a plantear este recorte", protestó y ha considerado que es "una discriminación respecto a los funcionarios de otras comunidades".
