El maquinista del tren accidentado en Angrois el pasado 24 de julio en el que murieron 79 personas, Francisco José Garzón, se ha quedado ya como el único imputado en la causa judicial. Sobre él pesan ahora todas las responsabilidades penales del descarrilamiento del Alvia una vez que la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido, como hizo el lunes con cinco técnicos de seguridad de Adif, levantar también la imputación contra 22 cargos del gestor ferroviario: el presidente actual, Gonzalo Ferre, sus predecesores Enrique Verdeguer y Antonio González Marín, y los 19 vocales del consejo de administración de Adif, entre los que figura el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, como condición de su cargo.
El tribunal calca prácticamente los argumentos que empleó para retirar las acusaciones contra los cinco técnicos de seguridad. Así, si bien considera que se debe seguir investigando la seguridad del tramo y los motivos por los que se anuló el sistema de control de velocidad y frenado automático ERTMS -el más avanzado que existe en la actualidad-, la Audiencia entiende que todas las medidas de seguridad aplicadas en la curva de Angrois se ajustaban en ese momento a los reglamentos y normativas vigentes y que no hay datos que revelen un funcionamiento incorrecto del consejo de administración de Adif o que conocieran, sin hacer nada al respecto, la existencia de riesgos en ese tramo, por lo que califica de "prematura y carente de base suficiente" la imputación que formuló el juez Luis Aláez con los elementos que obran en el actual momento de la instrucción.
Los 22 cargos de Adif iban a comenzar a declarar este mes como imputados, pues en esta condición los había citado Aláez, pero ya no tendrán que comparecer en el juzgado tras acordar la Audiencia de A Coruña dejar sin efecto las imputaciones. El auto es firme, pero no obstante, esta decisión no les exime de que puedan volver a ser imputados, todos o solo algunos, si surgen nuevas pruebas.
El instructor decidió proceder contra el consejo de administración de Adif y los dos presidentes anteriores -ya que ejercieron cuando se abrió la línea entre Santiago y Ourense- por haber permitido la puesta en servicio de este tramo "sin medidas de seguridad suficientes" y por si habían desatendido sus funciones a la hora de elegir, nombrar y supervisar la labor de los técnicos designados para aplicar las medidas de seguridad.
La Audiencia sostiene que la responsabilidad de garantizar la seguridad es de los técnicos designados al tal efecto -desimputados al no apreciarse ninguna irregularidad en su cometido- y que para imputar al consejo de administración de Adif deben existir datos que revelen que tuvo conocimiento de una situación de riesgo en Angrois y no hizo nada al respecto o bien que se eligió mal a los técnicos encargados de la seguridad. "Pero no hay datos de un conocimiento concreto por sus miembros de la situación de riesgo o de adopción de decisiones que incidan en la misma, ni cabe suponer racionalmente que se debiera tener tal conciencia del riesgo existente en ese punto concreto de la red, ni hay elementos que revelen deficiencias estructurales que denotaran la ineficiencia de los órganos o personas competentes en materia de seguridad dentro de la empresa", dice la Audiencia.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, expresó ayer su "respeto" ante el auto que deja sin efecto las imputaciones a todos los cargos de Adif y destacó que su departamento colaborará con los tribunales "como ha hecho desde el primer día, con toda la información y lo que requieran".
