Desde 2008, las tarifas de las autopistas autonómicas han crecido por la actualización del IPC que se aplica a principios de cada año un 15,7%, y las estatales, un 15,9%. Desde 2005, los peajes de los viales dependientes de la Xunta se han encarecido un 24,29% por el IPC y los de las vías dependientes de Fomento, un 25,84%, incluida la subida prevista para 2014. Xunta y Gobierno utilizan métodos diferentes para acordar la subida del canon en los viales de su competencia.

Las diferencias son pequeñas si abarcamos periodos plurianuales, pero si comparamos año a año hay divergencias sobresalientes. Por ejemplo, el peaje de la AP-9 y de la autopista Santiago-Dozón será a partir de mañana un 1,85% más caro, mientras las tarifas en las autopistas autonómicas (AG-55 A Coruña-Carballo y AG-57 Vigo-Baiona) estarán congeladas. En 2014 se da una situación casi inversa a la registrada en el año a punto de finalizar. Estrenábamos enero con una subida del 3,3% en los peajes autonómicos, frente al 2,40% de incremento en las tarifas de las autopistas estatales.

¿Por qué estas divergencias si la actualización de tarifas se hace en base al IPC? Porque Gobierno central y Xunta usan métodos distintos. En el año 2000 Fomento cambió la fórmula para actualizar las tarifas a cada inicio de año y acordó no tener en cuenta solo el IPC del mes de octubre de cada año, sino que diseñó un sistema que pondera el IPC de todos los meses entre octubre de un año y octubre del siguiente. La Xunta en cambio sigue aplicando la metodología antigua.

Ante las críticas por el encarecimiento para 2014 de los peajes en la AP-9 y la AG-53, la Xunta respondía la semana pasada contraponiendo las de titularidad autonómica, que se quedan tal cual. "Congelar peajes. Esta es nuestra política", defendía el titular del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechaba para reclamar de nuevo el traspaso de la AP-9 para así negociar con Audasa el precio de los peajes.

Pero no es una cuestión de política. Son las matemáticas que fijan para 2014 una congelación de tarifas. En 2011, la patronal gallega reclamó tanto a Fomento como a la Xunta pactar una congelación de los peajes frente al 2,22% de subida autonómica y del 1,45% a nivel estatal. Entonces, el Gobierno de Feijóo, igual que el Ejecutivo central, descartó abrir negociaciones con las concesionarias bajo su competencia, alegando que por contrato está obligada a actualizar cada año las cánones de las autopistas y que con la crisis no podía asumir con fondos propios el incremento.

En 2012, a mayores de la actualización del IPC a que obliga el contrato de las concesionarias, que fue del 3,2%, las autopistas de titularidad estatal sufrieron otras dos subidas: un 3% por la subida del IVA y un 7,5% porque el Gobierno decidió dejar de pagar a las dueñas de los viales el 7% de sus beneficios con el que les compensaba por una bajada de tarifas pactada en 1999.

El próximo año Fomento ya no decidirá la subida de los peajes de sus autopistas en función del IPC. Se tramita en el Congreso la Ley de desindexación, que desvincula la revisión de los precios del IPC y fijará un índice propio para cada sector, de acuerdo con los costes reales que impactan en el sector.