La operación Patos ha puesto del revés los principales ayuntamientos de Galicia. Esta mañana, agentes de la Policía judicial se desplazaban a la delegación de la Xunta en Vigo, los concellos de Vigo, Santiago, Ourense, Ponteareas, Pontevedra. Nigrán, Diputación de Pontevedra, Consorcio del Casco Vello y Autoridad Portuaria de Vigo. En el caso de la ciudad olívica, los agentes han registrado la planta dos, el departamento de Vías e obras.
En total, según informa el TSXG, se han producido 17 registros tanto en domicilios particulares como en locales vinculados a las empresas Cespa S.A., Eiriñas D.L. Funcionarios de la Unidad de Delincuencia económica y Fiscal (UDEF) de la jefatura Superior de la Policía de Galicia, bajo las órdenes del Juzgado nº7 de Vigo, con la colaboración de la Fiscalía, han llevado a cabo este dispositivo en el marco de la operación Patos, declarada secreta.
La Policía Nacional mantiene abierta la operación Patos en varias localidades de Galicia relacionada con concesiones públicas y han sido detenidas según la Policía cinco personas (según el TSXG serían cuatro) -entre administradores y empleados de dos empresas con ámbito de actuación en la CCAA-, entre ellas el concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde. Las diligencias se siguen por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Santiago y Ourense
Agentes de la Policía Judicial se han presentado esta mañana en los concellos de Santiago y Ourense para requerir documentación relacionada con el mantenimiento de zonas verdes y la empresa Cespa. En el caso compostelano, se vincula a una actuación en los jardines de la alameda.
La secretaria del Juzgado Nº3 de Ourense, acompañada de varios agentes de la Policía Judicial, entraron esta mañana en las dependencias de la concejalía de Medio Ambiente para hablar con dos funcionarios, entre ellos Carlos Cárcamo, el jefe de servicio, sobre el concurso relacionado con el mantenimiento de las zonas verdes. Después, se trasladaron al Servicio de Contratación para requisar más documentación. La diligencia procede el Juzgado nº 7 de Vigo y la causa está bajo secreto sumarial.
Por su parte, la concejala Susana Bayo, responsable del área medioambiental, se personó en el consistorio tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos para tener una reunión con el alcalde, Agustín Fernández.
Susana Bayo explicó que el expediente de contratación solicitado -gestionado bajo su mandato- se puso en marcha en noviembre de 2012 -Cespa era la anterior adjudicataria del servicio-, pero la adjudicación de ese contraro quedó paralizada al hilo de un recurso interpuesto por otra empresa competidora, una circunstancia que "desconocemos si está relacionada" con la actuación judicial. Susana Bayo trasladó, en todo caso, "absoluta tranquilidad, no hay preocupación al respecto".
