La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña, Carmen de Jesús Caramés Millán, ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que investigue a la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss), con sede en A Coruña, y "en caso de existir indicios con apariencia delictiva (que se investigue a) las personas responsables".

Esta petición llega tras la imputación por la magistrada a principios de marzo del secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural e do Mar, Alfonso García Magariños, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La investigación del caso arrancó con la presentación de una denuncia por parte de la Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), que acusa a Magariños de crear "todo un entramado (a través de la Fundación Fremss) para desviar fondos públicos y europeos con fines partidistas de altos cargos del Partido Popular y en beneficio propio utilizando instituciones públicas". Tras la admisión a trámite de la denuncia, la fundación Fremss anunció que demandaría a Pladesemapesga por "calumnias e injurias". La fundación aseguró que se constituyó en enero de 2013 solo con "aportaciones del sector pesquero" y que ahora no cuentan con ninguna ayuda.

En el patronato de la Fremss, el máximo órgano de control, están presentes, entre otros, Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural e do Mar; Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña o Carlos Negreira, alcalde del Ayuntamiento de A Coruña.

El colectivo pesquero considera en su denuncia que esta fundación "es un mero ente intermediario justificativo de los fondos públicos y europeos destinados a los pescadores de Galicia". Pladesemapesga también acusa al secretario xeral técnico de Medio Rural de organizar un congreso en Palexco en noviembre de 2013 con un coste de "170.000 euros de dinero público por dos días". La defensa de Magariños había solicitado que la causa se trasladase del Juzgado Número 2 de A Coruña a Santiago, pero la petición ha sido rechazada. Pladesemapesga también censura que un abogado de la Xunta lleve la defensa del acusado. "No entendemos cómo un organismo público, la asesoría jurídica de la Xunta, asume su defensa en el actual procedimiento penal", aseguran.