La juez Pilar de Lara considera que el concejal de Santiago Luis Bello pactó con técnicos de Aquagest la adjudicación de dos obras a la empresa Construcciones Boqueixón después de recibir los informes de Aduanas sobre varias conversaciones telefónicas interceptadas. Por ese motivo, cree que han cometido, junto a un cargo de la empresa de aguas, "delitos de blanqueo, fraude, exacciones ilegales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada e intervención fraudulenta en contrataciones públicas".

Bello habría pactado en 2012 con José Luis Míguez, responsable de Aquagest en Santiago, la división de un contrato en dos partes "con el fin de que el presupuesto sea menor", según la juez, que fue adjudicado a la citada empresa. El responsable de esta, Jesús López, admitió que se había simulado la invitación a dos empresas para dar apariencia de legalidad. Según los pinchazos, los intermediarios de Aquagest habrían exigido una comisión de 13.000 euros. La juez considera probada "claramente la manipulación y simulación" de esas invitaciones, al tiempo que propone llamar a declarar a Bello.