La Fiscalía de Pontevedra ha decidido continuar adelante con la investigación abierta por supuestos sobreprecios en los alquileres que percibe el presidente de la Diputación y del PP provincial, Rafael Louzán, por parte de la empresa de un diputado provincial, Severino Reguera, como pago por el arrendamiento de unos bajos comerciales de la calle Teixugueiras, en Vigo y dará traslado de la misma al juzgado.
La decisión se tomó de forma colegiada en el transcurso de una reunión de la Junta de Fiscales que se celebró ayer en el edificio judicial de A Parda en Pontevedra, un órgano del que forman parte los integrantes del Ministerio público en la provincia. Sobre la mesa estaba la posibilidad de continuar adelante con la investigación poniendo el caso bajo la lupa de un juez o archivar las diligencias de investigación realizadas hasta el momento. "Vamos a judicializar el asunto", confirmaba al término de la reunión el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, quien insistió en que, por el momento, no hay ninguna persona imputada por esta investigación. Distintas fuentes consultadas indicaron que la puesta en conocimiento del juez de las actuaciones realizadas hasta este momento se producirá este mismo lunes a través de una querella.
Cabe recordar que esta investigación de la Fiscalía tiene su origen en una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público hace ahora un año, según la cual el presidente de la Diputación y su mujer (ambos son los propietarios de estos tres locales comerciales) estarían cobrando un precio de alquiler por estos bajos muy por encima de lo que marca el mercado para esta zona de Vigo. La investigación tratará de dilucidar si son un negocio o algún tipo de dádiva.
