Muchas denuncias sobre incendios forestales que cada verano devastan los montes gallegos, infracciones urbanísticas en suelo no edificable o vertidos en ríos podrían quedarse en el camino y no ser investigadas. Ese es el temor de los agentes forestales -6.000 en España y 500 en Galicia- porque creen que con la nueva ley de montes del Gobierno central se les pone una "zancadilla" al ejercicio de sus funciones.
La nueva norma en la que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, que modifica la del año 2003 y que ha finalizado su periodo de exposición pública, prohíbe a los guardas forestales acudir directamente a la Fiscalía o a los juzgados como hasta ahora y les obliga a comunicar las denuncias sobre posibles delitos a las administraciones de las que dependen. En el caso de los que trabajan en Galicia, a la Consellería de Medio Rural o a la de Medio Ambiente según el tipo de delito o infracción.
La Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia (Aprafoga) ve "contradictorio" que los gobiernos pongan "cortapisas" a quienes se encargan de vigilar la naturaleza, al mismo tiempo que hablan de poner en marcha herramientas para luchar contra los delitos medioambientales. La reforma de la ley de montes del Gobierno central choca con el anuncio hecho por la Xunta el verano pasado sobre su intención de dar potestad a la policía autonómica para multar en el acto a personas que descubran cometiendo una infracción. Mientras a los agentes autonómico, se le conceden más competencias, a los guardas forestales se le recortan porque si se aprueba la ley estatal tendrán que dar cuenta de las posibles infracciones al Gobierno gallego.
Los sindicatos coinciden en que si finalmente el texto se publica taly como está ahora redactado tendría "difícil encaje legal" con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se reconoce a este colectivo la categoría de policía judicial, lo que le permite poner directamente en conocimiento de jueces y fiscales cualquier delito del que tengan constancia.
Los guardas forestales son "agentes de la autoridad y además policía judicial genérica" que los faculta para que un organismo judicial pueda determinar si sobre la denuncia que presentan puede abrirse diligencias y el sector pueda permitirles investigar los hechos, según explica el coordinador estatal de agentes medioambientales de CCOO, Alejandro Rodríguez. "La nueva norma pretende que las administraciones sustituyan a jueces y fiscales y determinen lo que es delito y lo que no", sentencia.
El hecho de contar con "un órgano intermedio" entre el denunciante y el juez que actúe como "filtro" cree que provocará que muchos casos queden "en el olvido" como -denuncia- ya pasa con las infracciones administrativas como "quemas sin aviso o talas de árboles sin autorización".
En su opinión, con esta medida "la Administración quiere tener control para decidir los asuntos que llegan a los juzgados". Pero incluso alerta de que de fondo puede haber una intención "especulativa" para ocultar ciertos casos, sobre todo -apunta- en los que tienen que ver con infracciones urbanísticas. En este sentido, señala que en comunidades como Madrid la mayoría de las acusaciones por este tipo de asuntos proceden de los agentes forestales. Y añade que lo mismo ocurre en las quemas de montes en Galicia. "Hacemos denuncias que la Administración no quiere que hagamos", asegura.
El presidente de Aprafoga, Xosé Bieito Rodríguez, asegura que en materia medioambiental el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos son precisamente a veces los responsables de los hechos denunciados "por omisión o por mala actuación". Y ahí cree que puede estar su objetivo de tener más control sobre el trabajo del colectivo. Pone como ejemplos la elevada mortandad de aves detectada desde 2010 en el entorno de parques eólicos de la comunidad o la pérdida de ejemplares del buitre negro (una especie amenazada) en Ourense. "Este tipo de temas son los que les molestan porque tenemos que pedir explicaciones ante los órganos judiciales debido a a que las instituciones no actúan con la diligencia que deberían", aclara el responsable de Aprafoga.
Rodríguez alerta de que modificar la ley de montes como pretende el Gobierno la existencia de un intermediario va en contra de la "celeridad" que se exige a la resolución de estos conflictos. Por eso, no comparte el argumento del departamento estatal al alegar que de esta forma se consigue una mayor coordinación. Añade que lo más grave es que si se hace ese cambio normativo se rompería la cadena de custodia con la que se supervisan los indicios relacionados con el delito desde que son denunciados hasta que son analizados por peritos para determinar si pueden ser usados como prueba.
