La campaña de la sociedad 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba para que los emigrantes gallegos en el país cubano y sus descendientes puedan recuperar sus bienes incautados por el régimen castrista ha superado las expectativas. Unas 80 familias habían contactado con la entidad para asesorarse pero ayer en A Coruña a la presentación de la iniciativa acudieron casi 200 personas. Es el caso de un vecino de Muxía que acudió a la reunión en representación de su familia para informarse de las posibilidades que tienen de recuperar las propiedades de sus cuatro tíos que emigraron a la isla en los años 30, donde residieron hasta 1959. "Uno de ellos se marchó a tiempo para México pero los otros tres lo perdieron todo", recuerda este coruñés, que señala además que uno de sus tíos era "el millonario del pueblo cuando venía de visita a Galicia y contaba con varias casas, un restaurante y mucho dinero en el banco". La tía de otro de los asistentes tiene 97 años y vive ahora en Cedeira pero dejó en Cuba una casa que está registrada y que quiere ahora cederle a su sobrino. "Menos mal que no tenía nada más", dice.

La sociedad ya ha mantenido reuniones con descendientes de emigrantes en Barcelona, Asturias y Madrid y a partir de ahora comenzará a entrevistarse con los gallegos interesados en que les representen en sus negociaciones con el Gobierno cubano. La compañía estima que en España hay 3.000 familias que dejaron Cuba entre 1959 y 1962 -600 gallegas-a las que le fue incautado su patrimonio, que en el caso de los emigrantes gallegos podría superar los 700 millones de dólares.

Desde 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, que se define como apolítica, destacan que ahora es "un momento clave" para reclamar debido a "los cambios políticos, sociales y económicos" en Cuba con por ejemplo la mejora de las condiciones del mercado.

El director general del colectivo, Jordi Cabarrocas, destacó ayer que se han marcado como objetivo empezar a recuperar los primeros bienes en un plazo máximo de diez años. Antes hay un trabajo previo -explicó- para formar un grupo importante de familias para que "agrupadas" puedan ejercer mayor presión en la negociación con el Gobierno cubano. Y también conocer cada caso y con la documentación que tienen -que en muchos es inexistente- localizar los inmuebles y propiedades. De hecho, las preguntas formuladas por muchos de los asistentes al final del acto tenían que ver con las posibilidades de recuperar los bienes si no hay escrituras. "Si no hay documentación necesitamos datos que nos ayuden a certificar la propiedad", les explicaron.

"Cada cubano tiene un abuelo gallego", aseguró ayer la jurista María Andreu para explicar a los asistentes que el único requisito es que el expropiado naciese en España o sea hijo de españoles. Insistió además en la necesidad de que las familias se agrupen para que "las casas, negocios, pisos en alquiler y fincas" de los españoles puedan competir con las incautaciones a norteamericanos, ya que "un solo monopolio puede sumar lo mismo que lo que reclaman todas las familias españolas". En muchas de las entrevistas, otra duda de los afectados es si han perdido sus derechos por aceptar en 1986 el convenio de indemnización entre los gobiernos de Cuba y España. Andreu aclaró que no hay diferencia entre si cobraron o no porque el Tribunal Supremo español determinó que la compensación fue parcial.

En cuanto a la solución que ofrecerá el Gobierno cubano creen que como "no hay recursos económicos suficientes", lo más probable será la restitución de los bienes.