Las denuncias le llueven al alcalde de Coristanco, el popular Antonio Pensado. A la de una empresa que presentó en febrero una querella, tras la que la juez del Juzgado de Instrucción número uno de Carballo lo acaba de imputar por malversación, fraude, prevaricación y tráfico de influencias, se une ahora una nueva de la Secretaría del Ayuntamiento ante la Fiscalía.

El regidor reveló ayer que la Secretaría presentó una denuncia en la que habla "de adjudicaciones de obras" y sobre la que se mostró sorprendido: "No lo entiendo", aseguró. "Se va a esclarecer toda la verdad y voy a cumplir con mi obligación, demostrar que las cosas se hicieron bien", reconoció.

La situación comenzó "hace varios años", recuerda, cuando "dos empresas que se dedican al tratamiento de lodo de construcción y residuos urbanos" empezaron a "denunciarse la una a la otra".

"Ahora presentaron dos proyectos aquí, en Coristanco, para montar una planta de tratamiento de residuos, una de ellas lo presentó completo, con toda la documentación, y la otra no cumplió con todos los requisitos", sostiene. Esta última es la que le ha denunciado. El abogado que presentó la querella de Contenedores Miramontes, Pedro Luis Fernández Pombo, explica que a su cliente "nunca se le comunicó desde el Ayuntamiento que faltase algún documento" cuando solicitó la licencia para iniciar la construcción de la planta de tratamiento y "por ley tienen que notificarlo". Por eso presentó una querella contra el alcalde, como máximo responsable, y contra todas las personas que hayan actuado en este proceso que, según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número uno de Carballo, acabarán como imputados.

En el auto se explica que se abren dos piezas separadas tras la querella. Una sobre las facturas de gasóleo C y la adquisición de una máquina retroexcavadora "por precios muy superiores a los del mercado" y la "recepción por familiares directos del señor alcalde de material de obra facturado al Ayuntamiento". La otra es por el suministro de material de obras por hasta ocho empresas.

En general, se investigan los delitos de prevaricación y abuso de influencias por un lado y de malversación y/o fraude por el otro, por los que está imputado el alcalde que ya dijo el miércoles que espera que "la verdad ponga a cada uno en su sitio" y declarará el 18 de septiembre, cuando llevará toda la documentación con "colaboración máxima".