Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de Angrois la investigación sobre las causas del accidente del Alvia ya acumula más de 40 tomos, dos jueces, casi media docena de informes periciales y una veintena de imputaciones y de desimputaciones de ex altos cargos de Adif. Pero lo que continua igual es el panorama del maquinista, Francisco Garzón Amo, que conducía despistado tras recibir una llamada momentos antes del accidente y que permanece en libertad imputado por 79 delitos de homicidio, tantos como víctimas mortales, además de un amplio catálogo de delitos por lesiones.

El aniversario del accidente va a traer el cambio de juez. Hasta ahora, el instructor había sido Luis Aláez, que obtuvo a principios de año la plaza de titular del Juzgado de lo Penal número 1, pero siguió al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago hasta que el nuevo titular se incorporó el pasado 20 de junio. El nuevo juez es Andrés Lago Louro, que pidió las vacaciones durante el mes de julio, para dedicar agosto -cuando disminuye la actividad en los juzgados- a ponerse al día con el amplísimo sumario que hereda.

Lago Louro, que con anterioridad ocupó los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cistierna (León) y número 2 de Corcubión, se incorpora a una instrucción marcada por la sospecha por parte de su antecesor de que el despiste del conductor no fue el único causante del siniestro, sino que hubo también responsabilidad por parte del encargado de supervisar los sistemas de seguridad en la línea, Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento.

La hipótesis de Aláez es que los responsables de Adif incrementaron el riesgo en el tramo Ourense-Santiago "de forma muy significativa" con su decisión de realizar "un novedoso y complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes", y así lo recogió el auto del pasado 9 de mayo con el que imputó a la excúpula de este organismo.

Sin embargo, esta línea de investigación del juez Aláez recibió un revés por parte de la Audiencia Provincial el pasado mes de noviembre, cuando dejó sin efecto las imputaciones a 22 ex altos cargos y cinco técnicos de Adif.

La semana pasada, los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña volvieron a encontrarse ante la misma deliberación, todavía pendiente de resolución: la que les obliga a pronunciarse sobre los recursos de Abogacía del Estado y Fiscalía a las imputaciones a una docena de exresponsables que formaban parte del consejo de administración de infraestructuras ferroviarias en diciembre de 2011, cuando el ministro José Blanco inauguró la línea. Aláez sostiene que "la solución adoptada para garantizar la seguridad en ese tramo puede ser tachada de ilegal a la par que insuficiente".

Los magistrados de la Audiencia le pidieron avales técnicos para sostener esta afirmación, algo que el juez vio acreditado en los informes encargados a peritos.

De seis que se solicitaron, le fueron entregados cinco -uno de la parte de Adif-, y tres de ellos concluyeron que había carencias de seguridad e incongruencias en la vía. Los dos primeros coincidieron en que, de estar instalado el ERTMS -sistema de control constante de velocidad de los trenes- en toda el trayecto, como se contemplaba en el proyecto inicial, el accidente no se habría producido.